Los principales gremios de la prensa boliviana rechazaron este martes la decisión judicial que otorgó el beneficio de excarcelación a los dos únicos detenidos por el secuestro y torturas a periodistas, policías y obreros durante una cobertura por invasiones y conflictos de tierras.
En un comunicado, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) manifestó su «repudio y censura» a la actuación del juez Roberto Cruz Hurtado del distrito de Santa Cruz que primero «liberó» el pasado 22 de junio a Paulino C. y que este lunes concedió la detención domiciliaria a Evert C.
El pronunciamiento refiere que ambos sujetos están acusados de «ser los cabecillas del secuestro y tortura» de siete periodistas, además de policías y trabajadores de unos terrenos que fueron invadidos en octubre del año pasado.
«El juez no tomó en cuenta la peligrosidad de los detenidos y emitió un fallo exactamente igual en su contenido y argumentos para liberar a los autores confesos de los hechos violentos», refiere la comunicación.
En el caso de Evert C. debe cumplir detención domiciliaria sin escolta, «lo que equivale a una libertad pura y simple», consideró la ANPB.
Por su parte, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), que agrupa a los principales diarios del país, aseveró que la decisión del juez «deja una profunda huella de impunidad», más cuando en el debate público se habla de la necesidad de una reforma judicial.
La ANP advirtió que «elevará esta protesta» ante entidades internacionales de defensa de los derechos humanos y de las libertades de prensa y de expresión.
Los dos acusados, que cumplieron detención preventiva unos meses, «están vinculados» al Movimiento al Socialismo (MAS) y al sector de los llamados «interculturales» que «promueven el avasallamiento de tierras en el oriente boliviano», alertó la ANPB.
El 28 de octubre de 2021 un grupo de sujetos encapuchados y armados secuestró por varias horas a un grupo de siete periodistas, policías y trabajadores agrícolas mientras efectuaban la cobertura de un predio avasallado en el municipio cruceño de Cuatro Cañadas.
Los afectados denunciaron que sus captores los tuvieron boca abajo, los golpearon y encañonaron, lanzaron disparos al aire y amenazaron con matarlos.
En aquel momento, la Policía afirmó que el hecho se trató de un «incidente» que calificó como una «retención» y que después una «pequeña negociación» se consiguió que se soltara a las personas afectadas.
Tras lo ocurrido, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, prometió una investigación para que «las personas responsables» de esa agresión «sean puestas ante la justicia», mismas que únicamente alcanzaron a los dos sujetos señalados.
En su momento, el caso mostró las tensiones que existen en Santa Cruz por la tenencia de tierras que enfrenta a sectores locales con aquellos que provienen de otras zonas.