La reforma judicial en Bolivia ha sufrido un nuevo revés con el aplazamiento sin fecha de «Cumbre Nacional de Justicia» que debía celebrarse este mes, que supone el tercer intento del Gobierno del presidente Luis Arce por efectuar transformaciones a un sistema judicial duramente criticado.
«Pensábamos que marzo era una fecha prudente, parece ser que esto (la cumbre) no se va a poder dar este mes», señaló este jueves el ministro de Justicia, Iván Lima, en una rueda de prensa.
El encuentro, que tenía que efectuarse con diferentes sectores de la sociedad, fue anunciado por Arce a principios de año como una medida para recoger sugerencias y recomendaciones que resuelvan problemas como la corrupción y la mora judicial.
Sin embargo, en ese momento varios miembros de la oposición parlamentaria cuestionaron ese anuncio al considerar que se trata de un acto en el que participarían exclusivamente sectores afines al Movimiento al Socialismo (MAS).
Durante su visita a Bolivia en febrero pasado, el relator especial para la Independencia de Jueces y Abogados de las Naciones Unidas, el peruano Diego García-Sayán, si bien destacó la intención del Gobierno de realizar esa cumbre dejó en claro que es necesario un «gran acuerdo nacional» que incorpore además a agrupaciones políticas y colegios de profesionales.
«Una cumbre de justicia solamente puede realizarse con la participación de las tres fuerzas políticas que tienen representación parlamentaria», dijo Lima en referencia a Comunidad Ciudadana (CC) del expresidente Carlos Mesa y Creemos del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.
El ministro no dio una fecha posible para la realización de la reunión que tiene la finalidad de definir una «política pública de largo plazo» y debe garantizar la «participación de todos».
La reforma del sistema judicial tuvo un primer intento en diciembre de 2020 cuando se conformó una comisión de juristas destacados que no pudo iniciar su labor a pesar de un intento de modificación de sus miembros.
El 1 de septiembre de 2021, el ministro Lima presentó públicamente un plan de reforma judicial en base a varios pilares sin la necesidad de cambios a la Constitución y que debía tener resultados en tres meses, pero que tampoco se concretó.
El tercer intento fue justamente a principios de años con el anuncio de la «Cumbre Nacional de Justicia» que debía realizarse este mes.
El sistema judicial boliviano ha sido fuertemente criticado por los recientes escándalos en los que funcionarios de justicia estuvieron involucrados en redes corruptas para liberar a feminicidas, infanticidas y asesinos a pesar de tener sentencias de hasta 30 años de prisión.
La justicia boliviana también es criticada por ser un instrumento de persecución política, según denuncia la oposición.
La reforma de la justicia surge como recomendación de entidades internacionales como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), perteneciente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que elaboró un informe de los sucesos que se produjeron durante la crisis política de 2019.