Bolivia cuenta desde ayer con una Ley de Libertad Religiosa que regula tanto credos como el cristiano como creencias ancestrales del país, con el respaldo de algunas confesiones, aunque otras cuestionan la intromisión del Estado.
«Es un día histórico», proclamó el presidente de Bolivia, Evo Morales, en la promulgación de la ley en la sede del Gobierno boliviano en La Paz.
El jefe de Estado aseguró que la norma concede «más derechos, más igualdad» en el ejercicio en Bolivia de la libertad de fe, a la vez que destacó que fue elaborada en colaboración con pastores de distintas iglesias.
Evo Morales recordó que Bolivia es un Estado laico y «con esta ley todas las iglesias tienen los mismos derechos, no hay iglesias de primera, ni de segunda, ahora no hay iglesias clandestinas como era antes».
Al respecto, comentó que en otra época solo era posible bautizarse o casarse por la Iglesia católica en el país.
Morales asumió que «ha habido algunas dificultades» en la tramitación de la ley y agradeció «el entendimiento de todos» para aprobar esta norma, para seguidamente comentar que «en todo el mundo todas las naciones viven de impuestos».
Una de las novedades de la ley es que las entidades religiosas quedan sujetas a la legislación tributaria del país, sin que puedan tener fines de lucro, ya que en caso contrario no será reconocida su personalidad jurídica, un requisito cuestionado por algunas iglesias.
El presidente hizo una alusión a la «invasión europea» a partir de 1492, «con la espada, pero también usando la Biblia» para imponerla a la cosmovisión de los pueblos originarios de América, a la vez afirmó que ahora «estamos en otros tiempos» y el papa Francisco pidió perdón a los indígenas en su visita a Bolivia en 2015.
La promulgación de la Ley de Libertad Religiosa, Organizaciones Religiosas y Creencias Espirituales incluyó rezos, referencias a pasajes bíblicos y el sonar de instrumentos de amautas, sabios andinos, ante autoridades del Gobierno y del Parlamento bolivianos.
El acto contó con intervenciones de un amauta y de representantes de la Iglesia evangélica y de Ekklesía, que coincidieron de valorar el paso dado con esta ley para igualar a todos los cultos en el país, incluidos los ancestrales.
La norma es rechazada por sectores de iglesias como las protestantes y presbiterianas, con argumentos de que conlleva una injerencia del Estado en el derecho fundamental a la libertad de religión y una fiscalización de sus recursos económicos, mientras que la Iglesia Católica valoró la nueva ley.