El relator especial para la Independencia de Jueces y Abogados de Naciones Unidas, el peruano Diego García-Sayán, inició este martes, en medio de hermetismo y expectativas, una visita oficial a Bolivia para conocer el funcionamiento del sistema judicial del país, señalado varias veces por su falta de imparcialidad.
García-Sayán se reunió en la mañana primero con el canciller boliviano, Rogelio Mayta, y luego con el vicepresidente del país, David Choquehuanca, y el ministro de Justicia, Iván Lima.
El relator no hizo declaraciones a los periodistas que aguardaban en la Cancillería y la Vicepresidencia, ni tampoco se permitió el ingreso de medios a hacer imágenes de estos encuentros.
Su agenda no fue difundida en detalle y solo se sabe que permanecerá en Bolivia hasta el próximo 22 de febrero y que, además de reunirse con el Gobierno de Luis Arce, prevé tener encuentros con funcionarios del órgano Judicial, el Ministerio Público, representantes de la sociedad civil, abogados independientes y cooperantes.
Se ha anunciado que García-Sayán no hará declaraciones hasta el término de su visita, cuando se prevé que ofrezca una conferencia de prensa para presentar sus observaciones preliminares.
El objetivo de la visita es «examinar» la situación de la Justicia en Bolivia y «contribuir a los esfuerzos de reforma en curso en el país», según señaló el mismo relator en un comunicado difundido por Naciones Unidas antes de su viaje.
Contexto boliviano
La llegada de García-Sayán a Bolivia coincide con una reciente controversia por el sonado caso de la captura de un feminicida, violador y asesino en serie liberado por un juez pese a tener sentencia de 30 años de cárcel, la pena máxima en Bolivia.
También ocurre cuando la presidenta interina Jeanine Áñez cumple una huelga de hambre en prisión ante el inicio de un juicio por haber asumido de forma supuestamente irregular la Presidencia en 2019 tras la renuncia de Evo Morales y de todos quienes podían sucederle.
Áñez, que entonces era la segunda vicepresidenta del Senado, está encarcelada desde marzo de 2021 por la crisis de 2019 que para el oficialismo fue un «golpe de Estado» contra Morales.
El oficialismo ha iniciado una decena de procesos en contra de Áñez, algunos por la vía ordinaria que son los que más avanzan y otros juicios de responsabilidades, aunque la corriente más cercana a Morales considera que estos últimos, que debe aprobar el Parlamento, no corresponden porque eso supondría reconocer la legalidad de la transición.
Expectativas
La visita del relator ha generado expectativas tanto en el oficialismo y sus sectores afines, como en la oposición y otras plataformas civiles detractoras del Gobierno de Luis Arce, que esperan darle a conocer sus puntos de vista sobre la situación de la Justicia boliviana.
El presidente de la Cámara de Diputados, el oficialista Freddy Mamani, confirmó que este miércoles él y su par del Senado, Andrónico Rodríguez, también del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS), se reunirán con García-Sayán y le informarán que los cuatro órganos del Estado boliviano «son independientes en su funcionamiento».
También se pronunció el expresidente y principal líder opositor Carlos Mesa, quien consideró en Twitter que esta visita «es otra oportunidad para evidenciar la crisis terminal del sistema judicial en Bolivia, verificada en otros informes internacionales, y para constatar la manipulación del MAS que se opone a reformas estructurales en la justicia».
En la misma red social, el exmandatario Jorge Quiroga sostuvo que García-Sayán «debe verificar lo podrida que está la justicia, recomendar reformas y pronunciarse sobre emblemático caso» de Áñez y expresó su deseo de que el relator «no defraude expectativas».