La Justicia de Bolivia adolece de un problema de «impunidad frente al delito», dijo hoy el relator de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados, Diego García-Sayán, al presentar un informe sobre la situación del país en esta materia en el Consejo de Derechos Humanos.
De manera particular, el relator mencionó «el aumento de casos de feminicidios, que continúan impunes», lo que se evidencia en el hecho de que de 869 casos ocurridos entre 2013 y octubre de 2021 sólo en el 31 % de ellos se ha obtenido justicia.
García efectuó el pasado febrero una misión oficial a Bolivia para evaluar la situación de la judicatura, de sus miembros y el acceso de la ciudadanía a la justicia. Aseguró que en esa visita recibió el apoyo de las autoridades, con las que mantuvo diálogos «francos» y analizó propuestas para solucionar algunos de los problemas detectados.
Durante su estancia en Bolivia, el relator se reunió con víctimas de las masacres de Senkata, Sacaba y de la Zona Sur, ocurridas en el contexto de las crisis política y social que sacudió el país entre 2019 y 2020, y que «han pasado más de dos años esperando justicia».
Esa crisis se desató tras el supuesto triunfo del entonces presidente Evo Morales en las elecciones presidenciales, en las que se presentaba para un cuarto mandato, aunque la fuerte agitación social le obligó a renunciar poco después.
Su puesto lo ocupó la vicepresidenta del Senado, Jeannine Añez, quien se encuentra en prisión preventiva desde hace quince meses y enfrenta dos procesos penales. Al respecto, García-Sayán consideró que este caso expone el problema de «la generalización de la detención preventiva», una práctica a la que pidió que se ponga fin.
Por otra parte, García dijo sobre el sistema judicial boliviano que su acceso es limitado sobre todo a las áreas urbanas y que hay una demora de la justicia causada por «códigos procesales demasiado formalistas, modelos anacrónicos de gestión de tribunales y deficiente formación de jueces», según la información que recogió durante su visita.
Asimismo, apuntó que la carrera judicial «es débil por la alta proporción de jueces transitorios», que representan el 47 % del total en la jurisdicción ordinaria.
En sus conclusiones, el relator recomendó regularizar a todos los jueces transitorios antes de que termine 2022 y que el Ministerio Público avance sin más demoras en las investigaciones de oficio sobre la crisis de 2019-2020, sin que la carga de las pruebas recaiga en las víctimas o sus familiares.