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jueves, septiembre 29, 2022
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Relator de la ONU insta a Bolivia a garantizar la independencia de la Justicia

El Estado boliviano debe «garantizar» el acceso y la independencia de la Justicia mediante un «acuerdo nacional», señaló este martes el relator especial para la Independencia de Jueces y Abogados de las Naciones Unidas, el peruano Diego García-Sayán, al culminar su visita al país.

García-Sayán presentó en una rueda de prensa en La Paz las observaciones preliminares de su visita, que inició hace una semana, resumidas en nueve puntos tras las reuniones que sostuvo con autoridades, líderes políticos, entidades de derechos humanos y demás organismos sociales.

Independencia y pacto nacional

Para el relator, la independencia de la Justicia es «una tarea pendiente» y un «reto» que Bolivia debe encarar con «firmeza».

García-Sayán se refirió a algunos hechos «a lo largo de varios años» en los ha habido presiones, amedrentamiento, encarcelamientos y procesos políticos identificados ya por la relatoría y que durante su visita constató que «aún no han sido erradicados».

«La independencia del sistema judicial debe ser garantizada por el Estado, todas las instituciones gubernamentales y de otra índole están llamadas a respetar y acatar dicha independencia», reflexionó.

También instó a que se haga efectivo un «gran acuerdo nacional» para establecer metas que suponen la participación de agrupaciones políticas y colegios de profesionales, además de representantes de los poderes del Estado y sectores sociales.

Reforma judicial

García-Sayán incidió en que la justicia en Bolivia «está lejos de la gente» y destacó la respuesta ciudadana que provocó un reciente escándalo en el que un feminicida y asesino serial quedó libre gracias a «medios corruptos».

«He constatado con preocupación de que hay una seria brecha en el acceso de las mujeres a la Justicia», dijo.

Al referirse a la situación en las cárceles del país dijo que el hacinamiento alcanza «ribetes particularmente dramáticos» con más de 19.000 presos en un sistema que tiene capacidad para 5.000, un 349 % por sobre su capacidad.

Observó que existen 1.000 jueces para una población de más de 11 millones, que solo el 44 % de ellos están en una carrera judicial mientras que los demás son de tránsito y que es necesario que «pasen a ser jueces de carrera».

Sobre el trabajo de la Fiscalía alertó sobre «las limitaciones» para acceder a la información por parte de las víctimas de delitos y pidió que se considere «seriamente» una legislación de acceso a la información pública.

También el relator señaló su «preocupación» por la «baja legitimidad» del proceso de elección de altos magistrados de Justicia sometidos a votación popular, algo que requiere «algunos ajustes» en la selección previa en el Parlamento.

La crisis de 2019

García-Sayán se refirió a la crisis de 2019 que dejó al menos 37 fallecidos por acciones de fuerzas estatales o grupos en disputa, principalmente la veintena de fallecidos en las llamadas masacres de Sacaba en Cochabamba y Senkata en El Alto durante el Gobierno de la presidenta interina Jeanine Áñez.

«Lamento profundamente que estas víctimas hayan pasado más de dos años esperando Justicia sin conseguirla», manifestó.

No obstante, el informe preliminar señala que «es preciso reconocer que hay personas afectadas en ambos lados del espectro político y merecen el reconocimiento de su calidad de víctimas».

La crisis de ese año se produjo tras las denuncias de fraude en los comicios generales que derivaron en la renuncia del entonces presidente Evo Morales, aunque este afirmó que en realidad se trataba de un «golpe de Estado».

El relator se mostró confiado en que su visita pueda «alentar una prioridad y una atención justas» para esos casos y que los afectados «puedan encontrar algo de justicia».

Asimismo, señaló que su informe «no es vinculante» y que en realidad busca plantear recomendaciones para «propiciar el diálogo» entre los bolivianos y sus instituciones, tras ser invitado por el Gobierno boliviano.

La presentación del informe final sobre la visita del relator se hará en Ginebra y está prevista para junio próximo.

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