Todo hace suponer que por fin se adoptarán medidas dirigidas a una reestructuración total de la Policía, después de haberse descubierto una serie de escándalos que van desde nexos de algunos jefes policiales con el narcotráfico hasta la contaminación con otras instituciones para proteger a prófugos internacionales, pasando por violaciones, atracos, corrupción institucional, pagos por lograr ascensos y cambios de destino y otros delitos e irregularidades de igual o mayor magnitud.
Las autoridades han efectuado advertencias y anuncios de medidas drásticas, pero hasta ahora se han limitado a actuar en Santa Cruz, cuando para nadie es un secreto que las directivas salen o se aceptan en la sede de gobierno. Es verdad que las acciones de depuraciones iniciadas en la capital oriental son las más duras que se recuerden en la actual administración, pero también existen experiencias en las que lejos de hacer prevalecer la justicia, se limitaron las sanciones a cambios de destino. Por ahora, el gobierno decidió intervenir de forma directa y dar de baja a los jefes policiales involucrados en presuntos nexos con el narcotráfico. También ordenó la reestructuración de la guarnición policial de Santa Cruz, y decidió enviar al Ministerio Público una lista de otros efectivos, entre ellos directores de Interpol, para que sean investigados.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, anunció la puesta en marcha de seis determinaciones mediante una resolución ministerial. El comandante general de la Policía, Yuri Calderón, después de una reunión con el Estado Mayor de la institución, también asumió varias determinaciones, entre ellas la de remover al Fiscal General de la Policía y al Presidente del Tribunal Disciplinario de la Policía Boliviana. A ello se suma el cambio de los 150 policías de la Felcc de Santa Cruz y la contratación de una empresa para que audite los procesos realizados por Interpol. Otros 150 efectivos fueron llevados a la capital oriental. ¿Será otro relevo más?
La tolerancia e inacción tan prolongada, pese a la gravedad de hechos punitivos de diverso orden, hacer crecer la desconfianza y susceptibilidad. Y las dudas no solamente se centran en la oposición o las tiendas políticas, sino en la ciudadanía que ve decepcionada el descrédito en que se envuelve a la institución del orden. Hasta el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, duda de la efectividad de los controles internos en la Policía para combatir la corrupción y propone controles externos. Quintana expresó que «es muy difícil creer en la eficacia de los controles cuando los controles vienen de la propia institución. Necesitamos probablemente controles externos, pero no me estoy refiriendo a controles de entidades internacionales…”, reiteró.
Se han adoptado otras medidas además de remover a todo el personal policial de Santa Cruz con más de cuatro años de permanencia, de manera que algunos policías serán sometidos al polígrafo o detector de mentiras y la obligación de reportar la relación familiar hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Aunque estas acciones mellan la dignidad de los policías honestos y representan un atentado contra los derechos humanos. Tal vez estos extremos den algunos resultados, pero lo principal radica en que se cumpla el ordenamiento legal, se respete la Constitución Política del Estado y se preserve a la Policía de la intromisión política, que es la que a todas luces ha torcido la verticalidad en los mandos y ha distorsionado la calificación objetiva tanto para los asensos como para los destinos de jefes y oficiales en general.
Pero es una realidad que la reorganización de la Policía ya no puede limitarse a lo que internamente pueda hacer. Es necesaria una acción radical coordinada y especializada, que efectúe auditorías integrales que incluyan la investigación del patrimonio de algunos policías que hacen ostentación de sus caudales.