El Estado está ausente para imponer la Ley. Todos los Poderes del Estado que controlan la legalidad parecen sucumbir ante la conspiración del MAS.
¿Tenemos que permitir vulneraciones violentas a la Constitución y las Leyes amparadas en un derecho inexistente de protestar sin importar los derechos de los demás?
Si los militantes del MAS se comportan como violadores del ordenamiento legal, constitucional, electoral, acaso ¿No se «inhabilitan» para el ejercicio de autoridad que pretenden?
Basta de humillaciones, la democracia no está por encima de la Ley, como supone el MAS, sólo dentro del respeto a la Ley se garantiza el correcto ejercicio de la política.
El primer deber de las instituciones es cumplir y hacer cumplir la Constitución y las Leyes y por eso la Constitución atribuye a la función ejecutiva: la concreción de las normas. El Ejecutivo, El TCP y el TSE, son instituciones de la máxima importancia en el edificio jurídico del Estado, pero lo ponen en peligro cuando sus integrantes, con sus actuados, colocan en duda su credibilidad institucional.
Si el Gobierno, el TCP y el TSE incumplen su deber de sancionar los delitos cometidos por el MAS despreciaran la dignidad de la voluntad del pueblo y atentaran, intencional y manifiestamente, contra el ordenamiento legal; cometerán un atentado a la confianza y fe públicas, desvirtuando sus propias Leyes Constitutivas y el fundamento de su propia existencia institucional.
El clima contrario al Gobierno, al TSE y al TCP se maximiza. El deterioro de la autoridad es acelerado y no podrá recomponerse si «negocian» a espaldas del pueblo, los delitos del MAS, o que en lugar de la anulación de su personería y la abrogación de la Ley 421, se les conceda la «gracia» de una sanción pecuniaria.
Serán decisiones prevaricadoras, no jurídicas. Así, condenaran al país a la repetición futura de los ilícitos penales, a más alardes de superioridad inmoral y a un mayor empoderamiento de los subversivos; admitiendo, como consecuencia, su «derecho» a infringir la Ley cuando quieran y donde quieran, como queda demostrado con los bloqueos y las apologías amados de fusiles para convulsionar el país.
Nadie está por encima de la Ley es hora de actuar contra la impunidad.
El soberano, el pueblo en absoluta mayoría, reclama judicializar la política y no politizar la justicia.
Urge la restauración de las instituciones y que estas tengan un comportamiento ejemplar y ejemplarizador, pues tienen un solo objeto: protegernos de los que nos gobiernan.
Hoy, la imprevisión y «permisión» de la violación de los derechos ciudadanos es la fuente de los problemas; la gestión gubernamental, débil en extremo, va generando incertidumbre. El Gobierno y los miembros del TSE y del TCP deben honrar su juramento. Si no restituyen su autoridad pueden provocar otra estafa antidemocrática.
Ante este nuevo escenario convulsivo provocado, la » appellatio ad populum » se hace imprescindible, para defenderlo.