La Policía Boliviana separó ayer a 36 reos de la cárcel de San Pedro, de La Paz, para llevarlos a otras cárceles del país, muchos de ellos señalados de tener privilegios como negocios de comida, cobros de alquileres de celdas, salas de juegos y «seguros de vida» dentro del recinto.
El viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga, mencionó que los reclusos identificados como «personas problemáticas» o «peligrosas» han sido trasladados a otras cárceles del país como El Abra, en Cochabamba, y Chonchocoro, en el altiplano.
La acción efectuada desde la madrugada buscó, con el traslado de ese grupo de prisioneros, «desarticular estructuras de poder» en una de las cárceles más pobladas de Bolivia, acotó.
Los negocios de los internos también abarcaban algunos puestos de comidas, restaurantes y salas de billar, además de algunos «aportes voluntarios», que no se precisó en qué consistían y los llamados «seguros de vida», es decir el pago de un monto de dinero con la finalidad de dar seguridad o proteger a algún reo.
Quiroga mencionó que como producto de estas actividades se identificó a unos 400 prisioneros que «no tenían celdas» y que cada día tenían que dormir en pasillos u otros sitios comunes.
Los ambientes que funcionaban como negocios de algunos «van a ser distribuidos entre privados de libertad que no tenían celdas» con la finalidad de reubicar a unos 325, aseguró la autoridad.
Además, durante la pesquisa, que comenzó en la madrugada de ayer con la participación de unos 1.000 policías, se han decomisado varios cuchillos y televisores.
Objetos encontrados
Entre los objetos que se encontraron dentro del penal había un horno para hacer pollos al spiedo, de los que usualmente utilizan los restaurantes dedicados a vender ese producto. También había dos hornos microondas.
Además, en la requisa se encontró más de un centenar de televisores, de modelos antiguos y de pantalla plana, 14 radios, 16 reproductores DVD, una impresora, 10 heladoras, ocho refrigeradores, 89 armas punzocortantes y 30 celulares.
En tema de sustancias controladas, se detectó 22 sobres con sustancia blanquecina, 19 de marihuana, 34 pipas artesanales, 45 tabletas de tranquilizantes con 10 comprimidos, según detalló el subcomandante policial, Jhonny Coronel.
El viceministro Quiroga señaló que algunos reclusos tienen concesiones judiciales para tener aparatos, pero otros los ingresaron de manera irregular, por lo cual existe personal civil y policial que están siendo procesados.
Esta situación ha ocasionado que se destituya al gobernador del penal y se nombre uno nuevo que tendrá la misión de aplicar un nuevo sistema de asignación de celdas para los nuevos detenidos mediante un sorteo que más adelante deberá ser digital.
También existe personal policial y civil que están con procesos.
Detalló que 22 policías de seguridad penitenciaria están con procesos disciplinarios, de los cuales cinco corresponden a San Pedro.
Agregó que cuatro civiles de Régimen Penitenciario están con procesos penales, entre ellos la exdirectora departamental de dicha entidad, quien está acusadas por incumplimiento de deberes.
San Pedro comenzó a funcionar como cárcel en 1895 y su estructura de paredes altas hechas de adobe con solo un par de accesos ocupa una manzana en pleno centro de la ciudad, enfrente de la plaza del mismo nombre.
En un inicio, esta penitenciaría estaba pensada para albergar a unos 800 reclusos, sin embargo su población actual ha sido sobrepasada y está alrededor de los 2.200, según reportes de medios locales.
Los intentos de las autoridades por evitar que lleguen a San Pedro más reclusos han sido vanos y continúa siendo destino de varios sentenciados y presos preventivos.
Las autoridades bolivianas han señalado que esta acción se enmarca a otras similares que se han dado en cárceles como Palmasola de Santa Cruz, la más peligrosa del país, con el fin de retomar el control de los recintos carcelarios.
En Bolivia existen 19.161 reos, de ellos 1.612 mujeres, un 330 por ciento por encima de la capacidad de las cárceles, para 5.805 reclusos, de ellos el 68 por ciento preventivos, con lo que siete de cada diez está en espera de condena, según datos de un informe parlamentario de este año.
Nuevo gobernador
El viceministro Quiroga informó que cambiaron al gobernador del penal de San Pedro e iniciaron acciones penales y disciplinarias contra civiles y policías.
«Para encarar la modernización del sistema penitenciario y de aplicar la política de ‘cero tolerancia’ a los privilegios o excesos por servidores públicos y policiales se procedió con el relevo de nueva autoridad», explicó.
Quiroga posesionó a José Luis Morales como nuevo gobernador del penal en sustitución de Freddy Valda, en un acto en el que participaron el director general de Régimen Penitenciario, Samuel Villegas y el director nacional de Seguridad Penitenciaria, José Dulfredo García.
El Viceministro explicó que el nuevo gobernador tiene la misión de llevar adelante la política penitenciaria de transparencia y de cero tolerancia a los privilegios.
Informó que cuatro servidores públicos fueron denunciados ante el Ministerio Público por incumplimiento de deberes, entre ellos, la exdirectora departamental de Régimen Penitenciario de La Paz, Delia Illanes.
Puntualizó que desde que asumió el cargo el coronel García, en la Dirección Nacional de Seguridad Penitenciaria, 22 policías fueron sometidos a procesos disciplinarios por inconductas y faltas disciplinarias en el control de centros de reclusión del país.
Dijo que, de los 22 servidores policiales, cinco corresponden a la cárcel de San Pedro.
«Las señales son claras, estamos encarando un proceso de reforma al sistema penitenciario y empezamos en la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz, siguió el Abra en Cochabamba y había deuda e instrucción del ministro de Gobierno, Carlos Romero, de realizar un mega-operativo en la cárcel de San Pedro», concluyó.