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miércoles, mayo 12, 2021
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Responsabilidad del funcionario público

Han asumido funciones a partir de ayer cuatro mil 962 nuevas autoridades electas como consecuencia de los comicios subnacionales 2021, que permitieron a la ciudadanía elegir a los gobernadores de los nueve departamentos, alcaldes concejales y otros servidores públicos. La mayoría recibió sus credenciales y durante la semana recibirán sus despachos junto a los informes de situación -en muchos casos ya definidos por el proceso de transición- aunque en la mayoría existen observaciones por las deudas que quedan y las arcas en crisis.

De todas maneras, se ha dado inicio a una nueva etapa de gobiernos regionales que comienzan su labor enfrentando a la pandemia mediante los protocolos que dejan sus antecesores. Evidentemente, la emergencia sanitaria por la covid-19, la crisis económica producto de la disminución en los ingresos, y las complicaciones políticas sobre la gobernabilidad, son las principales preocupaciones. Seis gobernaciones son controladas por partidos opositores pero enfrentan una fuerte presencia del MAS en las asambleas departamentales. Asimismo, diez alcaldías de las ciudades con mayor población están en poder de la oposición, pero enfrentan debilidades en los consejos municipales, salvo algunas excepciones donde el resultado fue contundente, como en El Alto, aunque allí también habrá problemas de gobernabilidad por la división de las organizaciones sociales que tienen una presencia decisiva mediante la presión que ejercen al gobierno municipal. En el rango edil, asumieron funciones cuatro mil 352 nuevas autoridades entre alcaldes y concejales, de los cuales de 240 municipios rurales son controlados por el Movimiento al Socialismo. Igualmente recibieron sus credenciales 27 representantes regionales, para las localidades que cuentan con estatutos para la autonomía regional. En total son 4.962 los funcionarios electos que asumen funciones entre los que se contempla a asambleístas departamentales de los nueve distritos del país.

Las nuevas autoridades adquieren un gran compromiso frente a la ciudadanía y los problemas que el país confronta tanto a nivel nacional como regional. Gobernadores, alcaldes, consejeros y concejales, deben meditar sobe la responsabilidad que tiene ante la sociedad y sobre los principios éticos, que implican la valoración moral de los actos humanos, la conducta, honestidad, respeto por la verdad, responsabilidad y cuidado porque los actos de cada persona tomen en consideración sus consecuencias, tanto para sí mismo como para el conjunto de la comunidad. El respeto a la ley, a lo ajeno y cumplimiento del deber, tienen que ser el marco al administrar y cuidar el patrimonio del Estado.

Por ello reiteramos la necesidad de que políticos y funcionarios públicos tienen que asumir la dimensión de la ética y la responsabilidad frente a la sociedad. Deben tomar en cuenta que desde el momento que demandaron el voto de los ciudadanos, se obligan a cumplir las leyes, y como funcionarios públicos se obligan a actuar con rectitud y honradez, procurando satisfacer el interés general, desechando todo provecho o ventaja persona para sí mismos, o por terceros.

Tienen que tomar en cuenta que el funcionario público debe saber y estar capacitado para el cargo al que han postulado, y actuar con pleno conocimiento de las materias sometidas a su consideración, es decir, debe ser idóneo para cumplir las responsabilidades inherentes, lo que implica profesionalismo. La idoneidad, entendida como aptitud técnica, legal y moral, es condición esencial para el acceso y ejercicio de la función pública. Como empleado del Estado toda autoridad se debe al ciudadano, y está obligado a responder por sus actos; debe desarrollar sus funciones con respeto y sobriedad, usando las prerrogativas inherentes a su cargo y los medios de que dispone, únicamente para el cumplimiento de sus funciones y deberes. Cuanto más elevado sea el cargo que ocupa, mayor es su responsabilidad para el cumplimiento de la Constitución Política, las leyes y normas. Es imprescindible que los funcionarios conozcan sus derechos al haber sido elegidos, pero también tienen que tomar en cuenta sus deberes ante la sociedad, el Estado y la ley.

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