La principal función de la Contraloría General del Estado es fiscalizar la administración de los recursos del país. Su misión es también establecer el correcto manejo de los dineros públicos asignados a las diferentes entidades oficiales. Indirectamente, es también responsable de evitar desvíos, malversaciones o desfalcos, proporcionando los datos y hechos económicos objetivos mediante auditorias que permitan iniciar acciones legales si, eventualmente, se estableciera malos manejos. Por lo tanto, es también una institución comprometida con la ética en el desempeño de funciones en la administración de los bienes del Estado. Frente a esa responsabilidad, ¿qué requisitos debiera tener la persona que asuma el cargo de Contralor General del Estado?
Lo menos que se puede pedir es que sea una persona honesta, sin cuentas pendientes con el Estado ni ante la sociedad civil, y que profesionalmente cumpla requisitos de idoneidad para el cargo. Y si se permite que gente con antecedentes pase los filtros, ¿qué sanción merecerían los que vulneren la reglamentación, la fidelidad y confianza del proceso de selección? La comisión Mixta de Planificación de la ALP concluyó la revisión de impugnaciones a postulantes a la Contraloría General del Estado, 21 pasaron a la revisión. Se trata de 15 varones y 6 mujeres. El miércoles se conoció la nómina oficial de los postulantes habilitados e inhabilitados y ayer, jueves la comisión comenzó la etapa de revisión de méritos para establecer si cumplen los requisitos establecidos en reglamento. Es la última etapa de la selección. La designación de la máxima autoridad en la Contraloría General del Estado, es responsabilidad de la Asamblea Legislativa Plurinacional, y está prevista para finales de este mes de agosto. Para entonces se considera que se habrán cumplido todos los requisitos.
Pero los medios de comunicación revelaron que varios candidatos a Contralor tienen antecedentes sobre acusaciones penales. ¿Cómo lograron pasar las revisiones? Entre los requisitos de la convocatoria se establece la presentación del REJAP, que es el Certificado de Registro de Antecedentes Penales que permite que una persona pueda acreditar la existencia o inexistencia de antecedentes en un registro nacional centralizado que se basa en Sentencias ejecutoriadas, resoluciones que declaren en Rebeldía a una persona, y resoluciones que suspendan condicionalmente un Proceso. El Certificado de Antecedentes Penales permite acreditar la carencia de antecedentes que inhabiliten a una persona para determinadas actividades.
De acuerdo a publicaciones de prensa, las acusaciones que pesan contra algunos candidatos van desde privación de libertad, homicidio, usurpación de funciones, enriquecimiento ilícito, violencia familiar, revelación de secreto, conducta antieconómica, robo, resoluciones contrarias a la Constitución, amenazas, violencia laboral y extorsión. Al margen de que la comisión depure estos casos, tiene que establecerse la forma en la que lograron el certificado REJAP, o sin tenerlo, cómo llegaron a la instancia definitiva en la que la ética debiera ser la norma fundamental para tanto para la selección como para la responsabilidad del candidato en el cuidado de los recursos del Estado.
La fiscalización del manejo de los bienes, recursos e intereses del Estado y de la ciudadanía es una función derivada del aparato estatal que tiene para este fin a varias instituciones, entre ellas la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y la Contraloría General del Estado (CGE), además de funciones específicas de algunas secretarias de Estado, como el Ministerio de Justicia y las diferentes oficinas creadas para evitar la corrupción y velar por el respeto a las normas legales. Lamentablemente, en los últimos quince años esta responsabilidad ha quedado al margen debido a una distorsión en el ejercicio del gobierno, que se ha caracterizado por el abuso del poder en diferentes formas, especialmente incumpliendo las normas legales.
La ALP, compuesta por una mayoría oficialista, nunca se interesó por velar el respeto al ordenamiento legal y menos por fiscalizar las irregularidades en la administración del Estado. La Contraloría General, que tiene una función específica para establecer responsabilidades en el manejo de los bienes y recursos del Estado, estuvo dirigida, desde 2006, por una persona designada directamente por la Presidencia de la República, al margen de lo que manda la Constitución Política del Estado (CPE). Inclusive, cuando se logró designar a un contralor desde la ALP, después de ocho años de interinato, gracias a la mayoría de representantes del MAS se designó a una persona afín al partido de gobierno. Ahora, una comisión de la Asamblea Legislativa, está seleccionando a la persona que asumirá esas altas y delicadas funciones.