El «desastre» jurídico político debe atribuirse a la incompetencia y no tanto a la mala voluntad.
Los fracasos colectivos se explican mejor por un déficit de conocimiento que de moral. Muchas de las decisiones se toman en el corto plazo en busca de gratificación inmediata y no con racionalidad estratégica. Así, una decisión apresurada dio origen «al más grande fracaso» colectivo para los bolivianos como señalan los diferentes candidatos a la Presidencia para las elecciones del 20 de octubre.
El artículo 172° de la Constitución faculta al Presidente proponer las políticas de Gobierno y de Estado; además tiene la potestad de dirigir la política exterior, pero ninguna de ellas implica un poder ilimitado. Si bien el Ejecutivo es un órgano investido de «auctoritas», el Principio de Prohibición de Exceso está configurado en la Constitución cuando ordena al Presidente «proponer» «no imponer» al soberano una política de Estado y más si es fundamental para el interés nacional.
El ciudadano con su voto entrega la confianza al Presidente y no al Gobierno en su conjunto. Fue él, el responsable por tomar, unilateral y exclusivamente, la decisión de demandar a Chile sin consultar cuando correspondía una decisión colectiva. Cuando lo primero que tenía que hacer era convocar a un referéndum para que el pueblo decida cuál iba a ser el planteamiento, el petitorio de fondo.
Ningún Presidente está facultado para tomar unilateral y exclusivamente una decisión que compete al colectivo nacional, ni definir en solitario el bien común, en el caso el Objetivo Nacional de las FF.AA., y del pueblo en su conjunto.
La discrecionalidad que asiste al presidente Evo Morales Ayma excedió su límite: La responsabilidad constitucional hace referencia a las consecuencias derivadas de los actos, omisiones o decisiones en que incurre en el ejercicio de la función, cuyos efectos, sea por propia determinación o por negligencia, originan una grave lesión al interés nacional.
Morales podía haber actuado de modo distinto a como lo hizo, es decir podía actuar conforme a su deber. Su culpabilidad ética consiste en haber infringido la norma como norma de deber, exigible personalmente ante el grave daño de un bien jurídico, político y diplomático de los bolivianos.
Cuando se establece responsabilidad objetiva, esto es, responsabilidad por el resultado, el Principio de Culpabilidad no se adecúa a los que admitieron y secundaron la demanda, porque no se debe reprochar por actos presuntos o por decisiones que solo competen al Presidente. La responsabilidad no se delega. Resultaría incomodo colocarlos en relación de igualdad.
Los bolivianos, esperanzados y conociendo de antemano la predisposición a aceptarla, creyeron era bueno lo que no lo era, evitaron preguntar porque no se les consulto. Poner en debate crítico nacional la pertinencia de la demanda porque «creían que la imposición», por intuición, posiblemente era razonable y muy bien estudiada por especialistas del derecho internacional público.
El pueblo creía que no era una situación extrema o un estado de desesperación, pero los hechos demostraron que la demanda no era consistente y el fallo de la CIJ de la Haya demostró que los bolivianos habíamos estado equivocados cuando se nos decía, que «ya estábamos cerca del mar, que la Haya nos devolvería el acceso al Océano Pacifico». No existe justificación ni explicación post La Haya.
Las precauciones se estructuran en la inteligencia y es lo que faltó en el régimen. Viene a colación el refrán que se incorpora al Derecho Internacional Público para casos en que un Estado demanda a otro Estado, que dice: «Aquel que no conoce al enemigo ni se conoce a sí mismo es derrotado en todas las ocasiones»; por eso, al decidir lo que decidió y como lo decidió, no podía esperarse un buen resultado de la «hazaña» de demandar a Chile. «De los huevos que tenía Evo Morales, para hacerlo» como dijo su subalterno José Alberto Gonzales, que detentaba en ese entonces la Presidencia del Senado.
Su imprudencia (por de pronto) permite y permitirá a los bolivianos, localizar a Juan Evo Morales Ayma como la persona que agravió el Objetivo Nacional y patrimonio generacional
El, como Álvaro García Linera, Eduardo Rodríguez Veltzé, Sacha Llorenti, Juan Lanchipa Ponce, José A. Gonzales y otros que se colaron a la vorágine de la instancia del poder fueron a parar a la negra oscuridad de la Historia, como decían los griegos y ya nada justifica hoy sus estándares y prejuicios clasistas y menos su pretensión de «re dialogar» con quienes resultaron victoriosos.
El CONADE, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, el Comité Cívico Pro Mar boliviano, los que creen en las justas causas y el derecho a ser respetados como gobernados por los gobernantes, consideran que solo un juicio de responsabilidades, por honor y ética pública, podrá hacer conocer los entretelones de la triste acción y podrá restituir la dignidad y orgullo nacionales.