En una reunión departamental del Movimiento Al Socialismo (MAS), sin la presencia del presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca, se definió expulsar a seis diputados que se prestaron a la «renovación de la megacoalición» al votar en favor de una ley del censo en Bolivia.
El expresidente y líder del MAS, Evo Morales, manifestó este domingo a través de su cuenta de Twitter que en el último ampliado o reunión que se realizó el sábado en la central Cochabamba con su militancia en ese departamento se decidió expulsar a seis diputados «que lamentablemente se han prestado a la renovación de la megacoalición» al votar junto a las bancadas opositoras en favor de la ley del censo que al final se realizará en 2024.
Los diputados oficialistas que fueron expulsados de las filas del MAS son de Cochabamba y son Rosario García, Olivia Guachalla, María Vargas Flores, Damián Laime, José Flores y Magaly Gómez.
La resolución de la reunión indica que su expulsión es «ipso facto con ignominia y deshonra» de los «diputados traidores» llamados «renovadores» y se dispone que se haga conocer al Tribunal de Disciplina y Ética para «ejecutar la decisión» y la recuperación de esos curules.
Morales también escribió que militantes de su partido denunciaron que sus «aportes voluntarios son desviados para otros fines» y a su juicio «hay una persecución» a la militancia que está a favor de Morales, los llamados «evistas».
El documento señala que restablezcan los «aportes de todos los servidores públicos, en todos los niveles de la administración del Estado y la militancia de forma obligatoria».
De la misma forma exigen que se dé la máxima pena en Bolivia, al gobernador opositor, Luis Fernando Camacho, quien se encuentra en detención preventiva en la cárcel de Chonchocoro, investigado por el supuesto delito de terrorismo por el caso conocido como «golpe de Estado I» por la crisis política y social de 2019.
También resuelven ratificar a Morales como el «presidente vitalicio» del MAS.
Estos últimos meses se ha hecho evidente la fractura interna que hay en ese partido que cada vez pide la «unidad» de su militancia.
Santa Cruz protestó durante 36 días exigiendo que el censo se realice en 2023, pero el Gobierno determinó que se haga en 2024.