«El alcalde de la ciudad de La Paz, Luis Revilla Herrero, debe ser imputado en cumplimiento de la sentencia constitucional 228/2019 que determina existir responsabilidad de su persona por el deslizamiento del relleno sanitario de Alpacoma», señalaron dirigentes de las juntas vecinales de la ciudad de La Paz, que lideriza Jesús Vera.
En cumplimento de dicha sentencia, el fiscal departamental de La Paz, Dr. William Alave, informó que el Ministerio Público imputó formalmente a Vladimir Gutiérrez, gerente general de la empresa Tersa por delitos contra la salud pública, estragos, como consecuencia del deslizamiento de Alpacoma.
Cabe recordar que el alcalde de Achocalla, Damaso Ninaja, denunció a «Luis Revilla como principal responsable del deslizamiento y el esparcimiento de tóxicos», constituido por lixiviados y que podría a breve tiempo constituir un foco de pandemia, por cuanto en estado líquido se infiltra en forma subterránea.
El fiscal Alave manifestó que el Ministerio Público pedirá que Valdimir Gutiérrez sea detenido preventivamente, visto que la sentencia constitucional determina «responsabilidad». Indicó que Revilla puede ser imputado.
La sala 4ta. del TCP en fecha 16 de mayo emitió la sentencia Nº 228/2019 que determinó que la Fiscalía inicie investigación contra Revilla, para lo cual, se comprende que el Ministerio Público imputará al citado y será remitido a un juez cautelar en lo penal, señaló Vera.
El sábado anterior, se publicó en un medio escrito «prohibición de celebrar actos o contratos de transferencia o disposición sobre determinados bienes». En la misma se indica «Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Administración Tributaria Municipal. Notificación masiva de Prohibición. Medida coactiva».
Redactores de JORNADA entrevistaron a los abogados Dr. DAEN. Wenceslao Jáuregui, Dr. Gonzalo Torrez Mendoza, Dr. DAEN. Ronald Torres Armas, Dr. Javier Albarracín, sobre dicha «prohibición», expresaron: «el Gobierno Municipal no tiene potestad ni prerrogativa alguna para prohibir a nadie celebrar actos o contratos de transferencia o disposición sobre determinados bienes, solo un juez competente, en el caso, en materia de obligación tributaria, un juez coactivo previo debido proceso y cumplimiento del Procedimiento Civil, puede determinar esa medida». Además, el término «notificación masiva», no se contempla en ninguna norma ni procedimiento legal administrativo o de acción judicial, pues corresponde que se notifique en forma personal a los que adeuden tributos.
Por tanto, la publicación significa usurpación de funciones del Director de Recaudaciones dependiente del alcalde Revilla. Contempla expresiones ajenas a procedimiento administrativo jurídico contencioso, por ende, es nula de pleno derecho».
El Dr. Jesús Vera, manifestó «una vez más se constata que el alcalde Luis Revilla, vulnera las Leyes. El tema Alpacoma, es de su responsabilidad, el deslizamiento del relleno de basuras cercano a Kantutani, es su responsabilidad, el que muchos ciudadanos estén sin sus bienes, a la intemperie, en carpas, es su responsabilidad.
Víctimas deben interponer juicios
Corresponde que cada uno de los damnificados, víctimas, interponga juicio penal contra el Alcalde exigiendo sanción penal y resarcimiento por daños y perjuicios económicos causados a sus personas».
Por su parte, el Dr. Jáuregui expresó: «La sentencia del TCP 228/2019 es de estricto cumplimiento, por lo que tanto la presidenta del Concejo Municipal, Andrea Cornejo, como el alcalde Luis Revilla deben rendir informativa ante el fiscal asignado al caso.
Los hechos están a la vista, más de 48 viviendas, algunos edificios, quedaron derrumbados, ¿quién dio autorización para las construcciones?, el Gobierno Municipal mediante regularización de construcciones fuera de norma. Los daños y perjuicios económicos se evidencian porque las víctimas prosiguen en el puente en carpas, sin poder retornar a sus viviendas.
Señalaron que el Ministerio Público debe ordenar el secuestro de toda la documentación pertinente de regularización de edificaciones fuera de norma para establecer quiénes son los propietarios afectados toda vez que se comienza los tramites mediante SITRAM y hojas de control de seguimiento por ante las secciones de la Alcaldía».
El dirigente Vera indicó que se desobedece sentencia judicial, cuando Revilla afirma que «seguirá proceso por prevaricato contra los magistrados de la Sala 4ta. del TCP», no habiendo demostrado en qué consistiría dicha figura, existe peligro de fuga y obstaculización a la investigación cuando «por atención a otros deberes municipales» resiste presentarse ante el Ministerio Público a rendir informativa. Estos hechos, más la malversación de fondos de impuestos que pagan los paceños, al publicar «prohibición de actos y contratos» que no es legal, evidencia que el alcalde Revilla se pasa por el hombro las normas, la Ley de Municipalidades y en forma dictatorial intenta burlar el debido proceso dejando en indefensión a los ciudadanos que poseen bienes, inmuebles, automóviles. Frente a esa clase de abusos las organizaciones vecinales y de propietarios de bienes, deben coadyuvar las acciones penales y civiles que se presenten en contra de Revilla», enfatizó dicho dirigente vecinal.
Caso curva Holguín
De acuerdo a informaciones dadas a conocer a JORNADA, el exjuez Javier Arroyo «fue el que instruyó a Derechos Reales de La Paz se inscriba la propiedad de Edwin Saavedra», ejecutivo de Toyosa y principal socio de la empresa de recojo de basura Tersa.
Si se toma en cuenta que otorgó en calidad de donación más de quinientos metros cuadrados para la construcción del andén del teleférico Amarillo, se infiere que Edwin Saavedra no debe alegar ser propietario de 47.000 metros.
Lo que también tiene que investigarse, indicó el Dr. Albarracín, es la denuncia del exburgomaestre Omar Rocha, quien aseveró que personeros de Toyosa le ofrecieron $us 50.000 para alterar el uso de suelos.
Ingenieros civiles especializados en cálculo estructural consideran que excavaciones profundas en el cerro de la curva Holguín podría desestabilizar la zona. Al respecto, exoficiales mayores de la comuna indicaron que cuando Manuel Monroy Chazarreta estuvo como alcalde, se había autorizado la construcción de torres de 10 pisos, pero el o los propietarios de la construcción habían ofrecido en preventa doce torres, lo que llamó la atención a un expropietario de un canal de televisión que había invertido seis millones de dólares para que se proceda a levantar los machones, pero ante las denuncias que se había añadido dos torres por demás y sin autorización municipal, optó por pedir a Edwin Saavedra le devuelva su dinero.
Para los dirigentes vecinales «existen delitos, por cuyo motivo el Alcalde debe ser procesado».