La decisión del Gobierno de Evo Morales de entregar al italiano Cesare Battisti, que era buscado internacionalmente por cuatro homicidios en Italia en la década de 1970, causó ayer revuelo en el ámbito político boliviano entre quienes respaldan la acción gubernamental y quienes la critican.
Battisti fue capturado la noche del sábado en la región oriental de Santa Cruz y entregado el domingo a la Interpol de Italia.
Condenado a cadena perpetua en Italia, Battisti fue sentenciado por el asesinato de cuatro personas, en la década de 1970, cuando integraba el grupo Proletarios Armados por el Comunismo (PAC), un brazo de las Brigadas Rojas.
El ministro boliviano de Gobierno, Carlos Romero, aclaró que la entrega de Battisti obedeció a que, además de que «no había registrado un ingreso legal» a Bolivia, la Comisión Nacional del Refugiado (Conare) del país le «había rechazado una solicitud de refugio».
La presidenta de la Comisión de Política Internacional y Protección al Migrante de la Cámara de Diputados, la oficialista Valeria Silva, defendió que el Ejecutivo actuó de acuerdo a la normativa vigente, según un comunicado de la Cámara baja.
«Lamentablemente el italiano no ha seguido los procedimientos correctos en nuestro país, (…) y no se le puede pedir al Estado que viole la normativa porque la Conare le ha negado el estatus de refugiado al italiano, por lo tanto, lo que correspondía era lo que se hizo», sostuvo Silva, citada en el comunicado.
El diputado David Ramos, que es el jefe de la bancada nacional oficialista, señaló por su parte que las autoridades se limitaron a cumplir con los procedimientos jurídicos para este tipo de casos.
Dentro del mismo oficialismo hubo voces que criticaron la decisión gubernamental, incluido el hermano del vicepresidente del país, Álvaro García Linera, Raúl García Linera, quien tildó de «injusto, cobarde y reaccionario» el accionar del Ejecutivo.
«Estamos entregando a un detenido (Cesare Battisti) que solicitó refugio como vil mercancía, en un acto reñido con las normas, pues no es causal su ingreso ilegal», escribió Raúl García Linera en las redes sociales.
Para el hermano del vicepresidente boliviano, se trata, además, de un acto «reñido con el debido proceso de todo Estado digno y soberano y fundamentalmente reñido con la moral revolucionaria».
Raúl y Álvaro García Linera pertenecieron en la década de 1990 al Ejército Guerrillero Tupac Katari (EGTK).
El dirigente de las juventudes del MAS en Santa Cruz, Rolando Cuéllar, apuntó al ministro Romero como responsable y exigió su renuncia porque, a su juicio, esa autoridad «está comportándose como el brazo operador de la derecha».
«Usted (Romero) hoy es un Judas en el MAS, usted es un traidor al presidente Evo Morales y los sectores, los distritos, todas las organizaciones sociales lo vamos a desconocer», manifestó Cuéllar.
El senador opositor y candidato presidencial Oscar Ortiz opinó en Twitter que Morales decidió entregar a Battisti «para lavarse la cara ante la comunidad internacional después de asistir a la posesión del dictador (Nicolás) Maduro» en Venezuela.
«El entorno del vicepresidente García reclama debido a su pasado y vínculos con grupos terroristas de la extrema izquierda», agregó.
El expresidente Jorge Quiroga (2001-2002) criticó que «un execrable terrorista, asesino, criminal» como Battisti ingresara a Bolivia y que piense «que aquí va a poder vivir tranquilo».
Sin embargo, Quiroga afirmó que «cualquier criminal, por deleznable que sea, merece respeto al debido proceso», por lo que consideró que el Gobierno debe explicar los pormenores del pedido de refugio, «si se lo negaron o no, y amparados en qué instrumentos lo mandaron» a Italia.