Cuatro países de América Latina, entre los que figura Bolivia, tienen las cárceles más hacinadas. El país latinoamericano que hospeda más reclusos respecto a su capacidad es Haití, donde el sistema carcelario alberga más de cuatro veces el máximo establecido. El segundo lugar lo ocupa Guatemala, con una tasa de ocupación del 357%, en el tercer lugar está Bolivia, con casi el 264% de hacinamiento. La agencia de información sobre estadísticas «Statista», analiza esta situación señalando que los últimos meses estuvieron marcados por un brote de violencia y enfrentamientos en unidades penitenciarias de la región. Recuerda que el 28 de junio pasado, al menos 51 personas murieron y más de 30 resultaron heridas tras un incendio durante un motín en una cárcel en Tulúa, Colombia.
Asimismo, a principios de mayo, una revuelta dejó 44 muertos y más de una docena de heridos en una prisión en Ecuador. Según datos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), entre diciembre de 2020 y mayo de 2022, al menos 390 personas perdieron la vida en cárceles ecuatorianas. Estos acontecimientos se suman a la larga lista de hechos violentos relacionados con la grave crisis de infraestructura y hacinamiento en los sistemas penitenciarios en gran parte de la región. Pese a la liberación de algunos presos durante la pandemia de covid-19, según datos del World Prision Brief, las cárceles colombianas operaban en 2021 al 120% de su capacidad, superando ligeramente a Ecuador, con cerca del 111%. Aun así, el país latinoamericano que hospeda más reclusos respecto a su capacidad es Haití, donde el sistema carcelario alberga más de cuatro veces el máximo establecido. El segundo lugar lo ocupa Guatemala, con una tasa de ocupación del 357%, seguida de Bolivia, que roza el 264%.
Pero en Bolivia se han dado varios motines carcelarios. En marzo de 2018, se produjo un amotinamiento en el centro penitenciario de Palmasola de Santa Cruz. La Policía recuperó el control luego de un operativo que dejó un saldo de ocho muertos y decenas de heridos, oportunidad en la que se criticó el hecho por considerar que la intervención policial fue innecesariamente violenta. Participaron unos 2.000 efectivos para desarmar y someter a las bandas de presos que se disputaban el poder del penal.
Durante la intervención se constató que los reos estaban en posesión de toda clase objetos prohibidos, desde armas hasta de un alambique para destilar alcohol, además de celulares, y computadoras. Las autoridades judiciales habían denunciado más de una vez que los crímenes se organizaban desde la prisión. En julio 2020, durante la pandemia, la Organización Mundial contra la Tortura manifestó su preocupación por la situación sanitaria en las cárceles bolivianas, pues contabilizó al menos 159 personas infectadas con coronavirus y 40 decesos. En ese momento se producía un amotinamiento en el penal de San Sebastián, Cochabamba. Unos 50 presos se subieron al techo de la cárcel portando banderas y reclamando atención a sus demandas. En marzo del mismo año, otro motín se desató en el penal de San Pedro de la ciudad de Oruro. Los presos se amotinaron para exigir una mejor atención de salud ante las precarias condiciones de higiene, luego que se difundió que un reo había muerto a causa de covid-19.
Hace poco, a raíz de las capturas efectuadas por presuntos autores de la muerte de tres policías hubo un motín en la cárcel de El Abra, en Cochabamba. Los reclusos de ese penal rechazaron el traslado de un ciudadano colombiano presuntamente implicado en el triple asesinato de uniformados en Porongo, Santa Cruz. En señal de protesta, los reos comenzaron a expresar su descontento en el patio del recinto penitenciario. Los efectivos policiales calmaron a los exaltados ante el riesgo de que los internos puedan fugarse. Recordemos que el martes pasado, cuando se celebraba el feriado por el Año Nuevo Andino Amazónico Chaqueño, dos policías y un miembro del GACIP fueron victimados cuando realizaran un patrullaje en el Urubó.
Otro problema en los recintos penitenciarios de nuestro país es la internación de droga, alcohol y objetos que implican riesgo. En todas las inspecciones se confirma esta realidad. En un lugar donde se supone que hay una vigilancia permanente se supone que hay controles, de manera que si pasan esos objetos y productos solamente podría hacerse mediante la complicidad de visitantes y custodios. Lo lamentable es que en casi todo lugar donde actúa la policía se encuentran irregularidades. El problema de hacinamiento carcelario y las condiciones precarias se constituyen en una bomba de tiempo. Hasta ahora las situaciones extremas han sido controlables en el país, pero con la experiencia de lo que ocurre en la región, las autoridades deberían buscar remediar esta problemática antes de que se desate una tragedia.