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viernes, junio 14, 2024
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Rodríguez Veltzé considera «urgente» modificar la Constitución y la Justicia del país

El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé (2005-2006) dijo en una entrevista con EFE que es «urgente» modificar la Constitución de 2009, impulsada por el exmandatario Evo Morales (2006-2019), para «transformar» la Justicia del país que se encuentra en crisis y cambiar el proceso de las polémicas elecciones judiciales.

Rodríguez Veltzé, quien también fue presidente de la extinta Corte Suprema de Justicia, asumió el mando del Ejecutivo boliviano tras la crisis política del país en 2005, en reemplazo de Carlos Mesa.

El abogado terminó su mandato en enero de 2006 cediendo el mando a Evo Morales líder del Movimiento al Socialismo (MAS).

El exmandatario señaló que «es tiempo» de que se transforme «no solamente la modalidad de elección» de los magistrados sino que se debe redactar un texto constitucional «que sea eficaz y eficiente en el servicio judicial».

«Estoy apenado por esta situación porque no es solamente la elección (de magistrados), es todo el sistema que entró en crisis hace mucho tiempo y no tenemos la voluntad política para transformarlo en consenso», afirmó Rodríguez.

«En estos últimos 40 años nunca he visto un proceso en el que haya una abierta cooptación del sistema judicial (…) ni una actitud tan obsecuente al poder político», señaló.

«Es tiempo que quienes conducen la política en el país abran un gran proceso de reflexión y debate sobre estos ajustes que esa Constitución del 2009 no tuvo el suficiente cuidado en su preparación», remarcó.

Rodríguez Veltzé consideró que «es urgente e imperioso que se ajuste la Constitución y las leyes secundarias», algo que en «su momento» debe definirse si se hará mediante un referéndum o una asamblea constituyente.

Crisis judicial

La selección de postulantes en el Legislativo se paralizó por varias semanas debido a los recursos judiciales que presentaron algunos postulantes, pero en la víspera el Tribunal Constitucional determinó que el proceso que inició en febrero continúe.

La crisis en la Justicia se agudizó cuando a finales de 2023 el Tribunal Constitucional, en una polémica decisión, extendió su mandato y el de los magistrados de las otras altas cortes, que terminaba el 2 de enero luego de seis años, hasta que se efectúen unos nuevos comicios.

Esta decisión provocó bloqueos de carreteras por 16 días, por parte de sectores afines al expresidente Morales (2006-2019), quien también se mostró inconforme por una resolución promulgada por los actuales magistrados, que dicta que en Bolivia no hay «reelección indefinida».

En febrero, el presidente Luis Arce promulgó una ley para iniciar una nueva etapa de selección de postulantes de los altos tribunales del país, luego del fracaso de otros intentos el año pasado por la falta de acuerdos entre el oficialismo y la oposición.

Morales acusó recientemente a Arce de usar las cortes en su beneficio y de gobernar «a través de fallos judiciales», también lo señaló de tener un acuerdo con los jueces para que sean sustituidos después que se realicen las elecciones generales en 2025.

Rodríguez Vetzé señaló que Bolivia pasa por un «momento Constituyente» en el que «la ciudadanía exige cambios que deben visibilizarse por parte de quienes participan en el poder político».

La Carta Magna de 2009 estableció la elección por voto popular de los magistrados, por lo que se efectuaron dos elecciones en 2011 y 2017 que fueron cuestionadas por sus resultados con mayoría de votos nulos y blancos.

«Esta modalidad fue un fracaso en las dos oportunidades en las que se realizó, no solamente por la baja votación de los ciudadanos sino sobre todo por el desempeño de estos tribunales que no estuvieron a la altura», dijo.

Recordó que en 1999 ya se modificó la forma de elección de magistrados por dos tercios de los votos en el Parlamento, pero que eso no consiguió transformar un «sistema decadente».

El expresidente insistió en que la crisis judicial no pasa solo por el modelo de elección de los magistrados sino también por la falta de acceso a la Justicia en las zonas rurales, el carácter «extorsivo» del sistema penal y la elevada cantidad de presos sin sentencia, entre otros aspectos.

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