El gobierno de transición asignó al sector de salud el diez por ciento del Presupuesto General del Estado, y que responde tanto a las exigencias de la colectividad para buscar solución a uno de los problemas más sensibles y deficitarios, y cumplir con la población y las organizaciones sociales que demandaron constantemente mejorar la atención del sistema de salud pública en forma integral. Los diagnósticos del sistema siempre han hecho notar las carencias como problema fundamental, pero los gobiernos del pasado, en unos casos por limitaciones económicas, y otros como el régimen anterior, pese a haber manejado millonarios presupuestos, prefirió el despilfarro, entre otras distracciones, antes que atender la salud de la gente.
Las evaluaciones efectuadas durante los conflictos de los últimos años, especialmente en la pasada gestión cuando se anunció la aplicación del Seguro Universal de Salud, que luego de ver su «imposibilidad práctica» se lo cambio por Sistema Universal de Salud (SUS) coincidía en la falta de ítems tanto para médicos como para personal de apoyo; carencia de insumos e infraestructura, limitación de recursos y deficiente información. La aplicación del SUS fue una estrategia demagógica del gobierno de Evo Morales que ya se había lanzado a otra reelección ilegal y proclamaba como bandera el seguro universal. Gastó más en propaganda que en medicamentos cuando las necesidades mostraban claramente que el único camino para hacer frente a la problemática del servicio a nivel nacional, era atender la realidad que exige grandes inversiones.
El gobierno del MAS decidió de todas maneras llevar adelante el SUS con 200 millones de dólares en marzo del pasado año, para lo cual aprobó la Ley 1152 con el objetivo de brindar una atención gratuita a los bolivianos que no tengan cobertura de ningún seguro de salud. Cuando los médicos y especialistas hicieron notar la carencia de bases para hacer sostenible el seguro, el gobierno dijo que «no es un seguro» sino un medio que permitirá la «reorganización del sistema público de salud» con una implementación progresiva, pese a que propaganda hablaba de un seguro universal de salud. Hasta julio, según datos proporcionados por la exministra Gabriela Montaño, hoy prófuga, anunciaba que al comenzar el SUS ya unos 3 millones de personas se inscribieron para recibir el beneficio y se espera cubrir 5 millones de pacientes. Nunca el anterior gobierno reconoció que sin un presupuesto suficiente era imposible cumplir con una asistencia médica suficiente.
El gobierno interino, encomendó a exdirigentes de los médicos la responsabilidad de planificar y llevar adelante la política de salud y anunció que se ha decidió asignar el 10 por ciento del Presupuesto General del Estado para la presente gestión al sector de salud. «El Gobierno que presido ha hecho un enorme sacrificio financiero ajustando el presupuesto en áreas donde es posible hacer reducciones y finalmente ha logrado destinar el 10% del PGE para la salud de todos los bolivianos», dijo la presidente Jeanine Áñez, quien además anunció que existen los recursos de la ayuda internacional para garantizar este incremento.
Ahora, corresponde a los médicos, que tienen bajo su responsabilidad tan delicada misión, cumplir y llevar adelante una política de salud eficiente que cumpla con las necesidades de la población.