Las organizaciones cívicas del departamento de Santa Cruz pidieron este sábado al Gobierno del presidente Luis Arce que el censo de población se realice en octubre de 2023.
Esta conclusión emanó de una reunión entre los dirigentes del Comité Impulsor del Censo 2023 con los representantes de los colectivos que aplican el paro indefinido en esa región hace ocho días y luego de conocer las propuestas de la reunión con el Gobierno el pasado viernes.
El pedido consiste en que el empadronamiento del censo se ejecute por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en octubre del próximo año dejando la «fecha específica» a un trabajo técnico que deberá iniciarse 48 horas después de la anulación del decreto presidencial que fijó para 2024 la encuesta nacional.
Un segundo punto plantea que se instale una mesa técnica en Santa Cruz con tres representantes del INE, los municipios de La Paz y Tarija junto a los del comité cruceño para elaborar un «cronograma» del censo en 2023 que tiene que consolidarse en no más de 72 horas.
El presidente del Comité Impulsor del Censo 2023, Vicente Cuéllar, precisó que se incluye a La Paz y Tarija porque también esas regiones coincidieron por separado con la propuesta de que el censo se haga el próximo año.
Finalmente, que los resultados del censo se conozcan hasta en 180 días después de la realización de la encuesta y para una «aplicación inmediata» de los datos.
Las entidades cívicas cruceñas llamaron a una reunión esta jornada para comunicar los resultados de la reunión con el Gobierno en la víspera en la ciudad de Cochabamba, que reunió a ocho gobernadores de las nueve regiones y los alcaldes y representantes de los más de 300 municipios.
De aquel encuentro con el Ejecutivo nacional emergieron dos propuestas, una que el censo se efectúe entre octubre de 2023 a abril de 2024, algo que debe definir un equipo técnico, y otra que establece que el censo sea en abril de 2024 con la distribución de recursos seis meses después de conocerse los resultados.
En la reunión de este sábado en Santa Cruz se cuestionó el cronograma que maneja el Gobierno como la demora en la actualización cartográfica, la realización de actividades secuenciales en vez de paralelas y la falta de personal para agilizar las labores, entre otras.
Santa Cruz afronta la octava jornada de paro indefinido con paralización de varias actividades al mismo tiempo que varios grupos que apoyan al Gobierno aplican un «cerco», al modo de un bloqueo a la huelga para que esta se levante.
El «cerco» ha consistido en la obstrucción a los ingresos de refinerías por lo que se ha presentado un desabastecimiento de combustibles junto a extensas filas de vehículos, además que esa misma medida se ha aplicado a fábricas y al vertedero de basura de la ciudad.
El conflicto por el censo también ha desencadenado en enfrentamientos a golpes, pedradas y detonación de petardos entre los grupos que apoyan el paro y los que se oponen a esa protesta.
Además de Santa Cruz, esa semana los departamentos de Beni y Tarija han desarrollado un paro de 24 horas, mientras que en La Paz y Cochabamba marcharon los sectores que piden que la encuesta nacional se haga el próximo año.