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miércoles, febrero 8, 2023
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Santa Cruz suma 18 días en paro y pide unidad por el censo 2023

El departamento de Santa Cruz completó este martes 18 días de paro exigiendo que el censo poblacional se realice en 2023 mientras una mesa técnica, encabezada por el Gobierno, busca consensos para definir la fecha del empadronamiento.

«El Gobierno no tiene la voluntad» de resolver el conflicto», «no es fácil parar 18 días», «decirle al pueblo que esté unido» a que «esta lucha va a tener una victoria», dijo en una rueda de prensa el líder opositor y gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

Los sectores cruceños que mantienen el paro han dispuesto aplicar bloqueos más intensos luego de que el presidente Luis Arce, en su discurso ante el Paramento por los dos años de su Gobierno, evitara referirse a este conflicto.

La postura de quienes respaldan la medida de presión es que no se van a levantar los puntos de bloqueo y que si es necesario también se prohibirá el paso de motocicletas y bicicletas para mostrar la contundencia de la protesta.

Esta jornada, las entidades que forman parte del Comité Impulsor del Censo en 2023 en Santa Cruz otorgaron a la población varias horas para el abastecimiento de alimentos en los mercados que, a comparación de otros días, han estado repletos de compradores mientras que los precios de varios productos bajaron.

Este miércoles vence el plazo de la pausa que los sectores afines al oficialismo hicieron para retirar el «cerco» a Santa Cruz a modo de un bloqueo contra el paro que buscó que este se levante y que se cree podría activarse de nuevo tras tres días de tregua.

Al respecto, los estudiantes de Universidad Gabriel René Moreno (UAGRM) advirtieron que no permitirán que los grupos afines al Gobierno vuelvan a aplicar el «cerco» que impidió el acceso a la zona industrial, algunas refinerías y plantas de distribución de gas domiciliario días atrás.

Trabajo técnico

También en esta jornada se completaron cuatro días de trabajo de la mesa técnica, que convocó el Gobierno el pasado sábado en la ciudad de Trinidad y que incorpora a los equipos especializados de los distintos niveles de Gobierno y la participación de autoridades y representantes de los nueve departamentos.

En declaraciones a los medios, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, manifestó que aún «se está trabajando en una propuesta» que derive en una nueva normativa que establezca la fecha del empadronamiento.

Por su parte, el viceministro de Planificación, David Guachalla, precisó que el trabajo de esta jornada puede dar «varias luces» en cuanto a la fecha de la encuesta nacional y que todo depende del «análisis» de las actividades previstas en ese proceso.

Sin embargo, el presidente de Comité Cívico de Santa Cruz, Rómulo Calvo, dijo a los medios que el trabajo de la mesa «ya no es técnico» ya que el Gobierno «no quiere escuchar» las distintas opiniones sobre la planificación del censo y advirtió que finalmente deberá ser una «decisión política» del presidente Arce la que dé una solución.

Otras protestas

Las medias de presión por el censo en 2023 se han ampliado gradualmente en otras regiones del país como Cochabamba y La Paz, aunque no con la misma magnitud que en Santa Cruz, el epicentro de las protestas.

En Cochabamba los líderes cívicos cumplieron este martes el segundo día de una huelga de hambre a la que pueden seguir «otras medidas», aseguró a EFE el presidente del Comité Cívico de esa región, Apolinar Rivera.

Por su lado, el principal dirigente del Movimiento al Socialismo (MAS), Franco García, advirtió con «cerrar» y «tomar» algunas empresas «que ya están identificadas» que se presten a cubrir los gastos de posibles movilizaciones o bloqueos.

Mientras que en La Paz tres legisladores de la opositora Comunidad Ciudadana (CC) también cumplen la segunda jornada en huelga de hambre en el edificio del Parlamento.

Santa Cruz lidera las protestas por el censo en 2023 para que sus resultados se apliquen en 2025, año en el que están previstos los comicios presidenciales.

Aunque inicialmente el censo se programó para noviembre de este año, el Gobierno lo postergó para 2024 argumentando problemas técnicos y la necesidad de «despolitizar» el proceso.

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