La reforma de una Justicia cuestionada y una nueva distribución de recursos públicos estarán en 2023 en la mira de Santa Cruz después de mostrar su capacidad de movilización en el reciente conflicto por la realización oportuna del censo de población.
El representante del Comité Interinstitucional que impulsó la demanda regional por el censo en 2023, Vicente Cuéllar, comentó a EFE que, aunque esa instancia nació por un tema específico, continuará trabajando el próximo año en otros temas de interés regional y nacional.
«En 2023 tenemos grandes desafíos como Comité Interinstitucional. Estamos entrando muy pronto al tema de la reforma de la Justicia. La universidad y el comité tienen que jugar un papel fundamental en el acompañamiento, en la reflexión de lo que implica transparentar la Justicia en este país», señaló.
El también rector de la estatal Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) mencionó que la Justicia boliviana «está seriamente cuestionada», por lo que será «una tarea para 2023» acompañar la reforma judicial.
Otro tema importante será el llamado «pacto fiscal» para la redistribución de recursos económicos.
El rector señaló que en momentos como el actual, en que «se nota una especie de agotamiento del modelo de Estado», son necesarios el debate y la estructuración de «una propuesta inclusiva e integradora con la participación de los diferentes actores a nivel regional y nacional».
Cuéllar consideró que el comité «va a jugar un rol fundamental» en estos asuntos porque se consolidó como «un espacio democrático donde la ciudadanía puede participar» y consiguió «buenos resultados con el tema del censo».
«El Comité Interinstitucional ha logrado posicionar la importancia del censo a nivel nacional. Nunca más un censo va a pasar desapercibido», opinó Santa Cruz paró durante 36 días entre octubre y noviembre exigiendo que el censo, que debía realizarse este año, se efectúe en 2023, aunque finalmente los líderes cruceños vieron que su demanda ya no era posible técnicamente y aceptaron que el empadronamiento sea en 2024, como lo dispuso el Gobierno de Luis Arce.
Cuéllar valoró el que Arce promulgara una ley que «de alguna manera también nos da la garantía de que sí va a haber censo, redistribución de recursos económicos y una redistribución parlamentaria», como también lo demandaba Santa Cruz.
En medio de las protestas por el censo, un cabildo ciudadano dispuso crear una comisión que analizará una nueva relación de Santa Cruz con el Estado boliviano, lo que fue entendido por el oficialismo como intentos de «separatismo».
Al respecto, Cuéllar sostuvo que lo que se debe discutir es una nueva relación «sociedad civil-Estado», ya que Santa Cruz es parte del Estado boliviano, con la premisa de que actualmente hay una crisis social y un «agotamiento» del modelo actual.
«Necesitamos trabajar en un nuevo modelo de desarrollo, queremos transparencia en la Justicia, queremos profundizar las autonomías, queremos libertad», manifestó.
Para Cuéllar, si bien en democracia lo primero que se obtiene es la libertad, «cuando hay un agotamiento de un modelo, hasta eso uno cuestiona porque ve que los órganos que administran justicia actúan de una manera para unos y de otra manera para otros».
Negó que esta demanda cruceña tenga que ver «con regionalismo, o con separatismo» y aseguró que lo que se busca «es un Estado integrador que respeta a la sociedad civil».