Bolivia comenzó a exponer sus argumentos en defesa de las aguas del Silla ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, dando la impresión de haber cambiado la posición original, posiblemente sobre la base de nuevos estudios que fueron encomendados al Instituto de Hidráulica de Dinamarca (DHI). Ese organismo reconoce el flujo natural de las aguas, pero que el caudal fue mejorado artificialmente. Los alegatos que está presentando la delegación boliviana, que concluirán hoy, sostienen que las aguas del Silala nacen en varios bofedales y manantiales, pero que se mejoraron mediante canalizaciones. Por el momento resulta complicado analizar a priori el curso del proceso, pero no deja de llamar la atención que sin que se haya hecho conocer a la ciudadanía se haya efectuado una argumentación diferente.
Sebastián Michel, uno de los miembros de la delegación boliviana, mediante la televisión estatal, sostuvo que en la contrademanda no se incorporó la reivindicación de la denominada «deuda histórica» por el uso de las aguas porque hubiera perjudicado al objetivo que se busca: conocer, a través de estudios independientes, el porcentaje de agua que es producto de la canalización artificial, la cual debe ser entregada a Chile a través de un tratado. Para Michel, Bolivia y Chile deben entenderse porque «Tenemos que pensar también con un poco de grandeza, con un poco de humanidad». Ahora, dentro de ese esquema de humanidad, corresponde que Chile y Bolivia se entiendan a través de un tratado, que «genere una compensación».
Entre las novedades que surgieron del primer alegato, la exposición boliviana demostró que Chile ya había aceptado compensar por la utilización de las aguas del Silala, y se desvirtuó el argumento chileno de que las canalizaciones tenían como objetivo solucionar un problema de contaminación. Más bien se demostraron los intereses económicos en los trabajos de canalización, y no por razones sanitarias, como alegó la parte de chilena. La jurista Johanna Klein Kranenberg, abogada de Chile, le dijo a la Corte que se hicieron los canales por «razones sanitarias» y mostró una carta del 27 de enero de 1928 que señala la preocupación de la ferroviaria FCAB. «Se explicaba que se han descubierto ciertos huevos de moscas bajo el examen microscópico en el agua de Antofagasta. La causa fue finalmente rastreada hasta las obras de cabecera en el valle del Silala». El jurista Mathias Forteu, contratado por Bolivia, entregó a la Corte, las pruebas de las negociaciones anteriores con miras a resolver la controversia, estableciendo la disposición de Chile a compensar a Bolivia y la necesidad de hacer estudios compartidos sobre los caudales de agua.
Pero el problema de fondo es que hay un cambio de posición que en parte le da la razón a Chile. Recordemos que la demanda chilena sostiene que el Silala es un curso de agua internacional. Una de las conclusiones de los estudios científicos que ha presentado Bolivia, confirman esa tesis. Por ello no extrañan los comentarios en la presa de Santiago, atribuidos a su delegada ante la CIJ, Ximena Fuentes, quien habría considerado si todavía tiene sentido la continuidad del proceso, ya que Bolivia había reconocido que el Silala es un curso de agua internacional. Esto implica que la tesis sobre la propiedad de las aguas del Silala ha quedado desvirtuada, al igual que una compensación histórica por el uso de parte de Chile. Parece que lo que la delegación boliviana ahora quiere es que Chile admita que debe pagar algo por los caudales adicionales que recibe, aunque la cancillería chilena dijo que si Bolivia quiere puede desmantelar las mejoras construidas. Lo que se infiere por las nuevas informaciones parciales que se conocen en nada favorecen al país. Tal vez en las próximas horas al conocerse la totalidad de los argumentos se vislumbre algún camino, pero por el momento la posición actual resulta preocupante no solo porque se vuelve a confirmar que la posición boliviana es voluble, situación que va en contra de todos los principios de una política internacional seria, sino porque las consecuencias internas de un desenlace negativo pueden repercutir política y socialmente.
El haber reconocido que el Silala es un curso de agua internacional cambia todo, y obliga a un análisis detenido, especialmente sobre la tesis de las organizaciones cívicas de Potosí que durante varios años han defendido las aguas del Silala con una serie de argumentos que fueron aceptados por los gobiernos de turno, sin que se hiciesen estudios responsables. Se alentaron esperanzas y se asumieron posiciones chauvinistas que hoy pueden derivar no solamente en una decepción más, sino en contradicciones internas que alteren la tranquilidad. La posición que hoy asume la misión boliviana ante la CIJ debió ser analizada y debatida internamente antes, para buscar un consenso y una posición respaldada en la realidad.
Cuando se actúa a espaldas del pueblo, las consecuencias pueden ser lamentables, inclusive existiendo argumentos sólidos que respalden una posición. Era necesario hacer conocer a los potosinos y a todo el país este cambio. En estos momentos, lo que está ocurriendo puede derivar en una nueva frustración que motive mayores argumentos a los constantes reclamos del pueblo potosino que siempre se ha quejado de una postergación de sus intereses. La verdad es que Potosí nunca recibió un justo tratamiento por su aporte a la economía nacional mediante la minería, se desatendieron sus reclamos sobre el mejor aprovechamiento de los recursos del salar de Uyuni, y ahora daría la impresión de que se desvirtúa su defensa de las aguas del Silala.