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lunes, noviembre 28, 2022
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Se complica el escenario regional político

Un nuevo escenario aflora después que el gobierno se desentiende de las demandas de Santa Cruz, ampliándose la confrontación entre las regiones y el gobierno central y otros poderes, en torno a las derivaciones de los resultados del futuro censo. Efectivamente, ahora la polémica se centra en la redistribución de los escaños, la reconfiguración de las circunscripciones, el padrón electoral, y la cuota parte en los recursos del Estado. Pero, además, traslada la polémica a otras regiones y a los Órganos Legislativo, Judicial y Electoral, mientras el paro en el oriente continúa, aunque debilitado, pero con otros departamentos movilizados, cómo Potosí. Recordemos que ambos tienen en su agenda desde hace mucho tiempo, el federalismo, que ahora volvió a la discusión.

El cabildo de Santa Cruz decidió el domingo mantener el paro hasta que se liberen a los detenidos y se ponga fin a la persecución. Además, creó una comisión para revisar «la futura relación política de Santa Cruz con el Estado», y decidió instruir la gestión de una ley para garantizar que los resultados del censo de marzo de 2024 se apliquen, en materia de recursos económicos y de escaños, antes de los comicios de 2025.

A su vez, Potosí bloqueó sus calles y carreteras en cumplimiento a un paro de 48 horas convocado por el Comité Cívico Potosinista (Comcipo), en reclamo de atención a las demandas del departamento. Asimismo, apoya el reclamo de Santa Cruz por la ejecución del Censo de Población y Vivienda que garantice nuevos escaños parlamentarios en las elecciones de 2025. Mediante un pronunciamiento, explica que el Consejo Consultivo del organismo potosino decidió en reunión con la presencia de delegados de Instituciones y organizaciones afiliadas. Explica que se analizó la escalada de violencia en contra del pueblo cruceño que exige sus derechos a un censo oportuno para el 2023, además el compromiso de parte del gobierno de dar viabilidad al proyecto de la ley de evaporíticos, la abrogación de las leyes 1455, 4455, proyecto de ley 292, DS 4757, 4701 que afectan al comercio. Además exige el cese de la persecución política a líderes cívicos.

La posición del gobierno frente a los resultados del censo fue esbozada por el vocero presidencial Jorge Richter, quien sostuvo que ninguna de las cinco demandas del cabildo cruceño tiene relación directa con el Gobierno. Efectivamente, ahora deben participar otros Órganos del Estado, ya que la redistribución de escaños depende de una ley que debe ser elaborada por el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) con los resultados oficiales del censo. La determinación de circunscripciones es un trabajo que corresponde al ente electoral, una vez que se tenga el documento final. Para utilizar datos parciales, se requiere una ley que el Órgano Legislativo, a su vez, mande al Tribunal Constitucional.

Consultada sobre la posibilidad de que los escaños se modifiquen con datos parciales del censo, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, explicó que una sentencia constitucional que se emitió en 2001, cuando ocurrió un caso similar, determina la realización de una consulta sobre si es posible tratar el tema de escaños con resultados preliminares. Varios analistas políticos y constitucionalistas coinciden en que es imprescindible respetar el ordenamiento legal para evitar transgresiones que den paso a posteriores observaciones, o que el proceso se detenga en alguna instancia por dudas sobre la constitucionalidad.

De todas maneras, consideran que es perfectamente posible trabajar con datos finales del censo, si existe la voluntad política para hacerlo. Los avances tecnológicos hacen posible acortar el tiempo tanto de recolección como de tabulación de datos, de manera que se logre entregar los resultados finales del censo en seis meses, y no se tenga que operar con datos provisionales, de manera que el Órgano Electoral proceda con datos oficiales para la distribución de escaños. Según la Constitución, la Asamblea Legislativa Plurinacional está conformada por 166 miembros, de los que 36 son senadores, que se eligen proporcionalmente por departamento (4 por cada uno); y 130 diputados, de los que 60 son plurinominales (elegidos proporcionalmente), 63 uninominales (elegidos por voto directo por mayoría simple). también se elige a 7 indígenas.

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