Salvo que a último momento el gobierno decida dialogar, todo parece indicar que Sata Cruz volverá a una paralización de actividades, como medida de presión para que se revise la postergación del censo. Para el gobierno central la decisión cruceña es política, y además considera que se trata de un pequeño grupo que quiere imponerse a la mayoría del país, que en una reunión, mediante gobernadores, alcaldes y autoridades nacionales decidieron la postergación de la realización de la mayor encuesta prevista en el país. Lamentablemente parece no existir una voluntad de solucionar los problemas, sino más bien agravarlos con determinaciones radicales, y lo peor, acudiendo a grupos partidarios, que no siempre son proclives a solucionar las controversias pacíficamente.
Frente a posiciones antagónicas, como lo dijimos antes, la única vía es la negociación mediante el diálogo sincero y abierto que esclarezca posiciones, pero cuando detrás de los problemas hay una historia, los hechos visibles no es otra cosa que la acumulación de situaciones que tarde o temprano se manifestarán abiertamente. Y es que hay una acumulación de circunstancias que han tensado la relación del gobierno central con diversos sectores sociales, políticos y regionales. Probablemente a esa maraña conflictiva se refieren las autoridades nacionales cuando argumentan que el problema se origina en intereses políticos.
El actual reclamo proviene de las principales instituciones cruceñas. Ha sido el Comité Interinstitucional Impulsor del Censo que acordó las medidas de presión. El portavoz institucional, Vicente Cuéllar, confirmó el paro de actividades para este lunes en rechazo a la postergación. También dijo que lo que se demanda es una fecha oportuna y transparente del censo, ya que se considera que es una herramienta clave para la asignación de recursos sobre la base de población e indicadores de pobreza.
El presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, pidió a la población que acate la medida evitando cualquier tipo de provocación y pidió a la Policía que actué tal como ocurrió durante los bloqueos que protagonizaron organizaciones vinculadas con el MAS. De acuerdo a información de medios de comunicación del oriente, los ministros de Gobierno, Eduardo del Castillo, y de Obras Públicas, Édgar Montaño, se desplegaron a la capital cruceña para fijar la postura que asumirá el Gobierno. «Hemos coordinado con el sector del autotransporte de Santa Cruz que quiere trabajar. Hay que cuidar la economía y vamos garantizar la circulación. Aquellos que quieran acatar el paro, que se queden en sus casas, que no vayan a trabajar, que no vayan a estudiar», sostuvo Del Castillo a los periodistas. Además, precisó que la Policía se movilizará en favor de «los derechos de la población». El ministro Montaño se reunió con dirigentes vecinales y gremiales del Plan Tres Mil para organizar «la resistencia al paro». Lo hizo en las instalaciones policiales de la EPI del Distrito 8 de la capital, según la información.
En realidad todos estos aprestos, tanto de la dirigencia cruceña como del gobierno, son la peor manera de buscar un objetivo. Lamentablemente los gobiernos nacionales nunca han tenido la capacidad de desarrollar políticas de prevención de conflictos, todo lo contrario han buscado dividir y reprimir como método de evadir los problemas. Esta forma de gobernar ha ocasionado que las organizaciones sociales y la población en general apelen a medidas de presión para hacer escuchar sus demandas. Siempre las demandas son catalogadas como pretextos para fines políticos. Lo cierto es que toda demanda encierra en sí misma concepción política, así como las respuestas desde los gobiernos. Otra cosa es la introducción de la militancia partidista en los problemas, que pueden dislocar la esencia de una demanda o la voluntad de una solución. Y los recursos para apelar a esa contaminación son lamentablemente muchos y se están aplicando tanto desde el movimiento cruceño como del gobierno, que está moviendo sus bases para responder a las movilizaciones, con evidentes riesgos que lamentablemente pueden llevar a situaciones extremas.
Así como el gobierno acudió a su militancia en una actitud eminentemente partidista, el movimiento cruceño tiene sus herramientas. El portavoz institucional, Vicente Cuéllar, de acuerdo a publicaciones de prensa, señaló que la región debe prepararse «en dos frentes». El primero de ellos, precisó, es «testimonial» y tiene que ver con los recursos jurídicos. «El segundo frente que es simultáneo es que la ciudadanía resuelva en las calles y con las medidas pacíficas de presión y arrancarle al Gobierno sus recursos y derechos políticos. Bolivia es uno de los pocos países donde se tiene que marchar para que se cumpla la Constitución», dijo. Como antes lo hicimos, corresponde llamar a la reflexión y que el gobierno y el movimiento cruceño analicen la situación fríamente, sin apasionamientos, y se agoten los recursos del dialogo de manera que se evite llegar a situaciones propicias para que aprovechen los violentos.