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miércoles, abril 24, 2024
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Se pagó 1,8 MM de dólares en abogados de caso Quiborax

El procurador General del Estado, Pablo Menacho, explicó que se pagó a tres bufetes legales encargados de representar a Bolivia en este caso: Foley Hoag, Dechert LLP y Gomm & Smith.

La Procuraduría General del Estado informó ayer que la contratación de abogados para defender a Bolivia en el arbitraje internacional por el caso Quiborax costó al Estado 1,8 millones de dólares.

El procurador Pablo Menacho precisó que el monto total fue de 1.853.345 dólares. Difundió el dato con el objetivo de aclarar una publicación de un medio escrito, el cual afirmó que la defensa en el caso Quiborax costó 4 millones de dólares.

«El monto que el Estado boliviano ha gastado realmente en su defensa arbitral asciende a 1.853.345 de dólares, este es el monto que el Estado ha pagado a los abogados por el caso Quiborax. Este monto representa el 1,2 por ciento de los 150 millones de dólares que es el monto total demandado por la empresa Quiborax», explicó el procurador.

«El más bajo»

Para Menacho el costo pagado por Bolivia es el más bajo en un caso de arbitraje internacional.

Enfatizó que el costo promedio que tiene la defensa legal en un arbitraje de inversiones para un Estado es de 8 millones de dólares, pero hubo casos en que el monto llegó a 13 o 12 millones, como Bulgaria en el caso Plama que gastó $us 13 millones; Argentina en el caso Abaclat, que pagó $us 12 millones; Hungría en el caso ADC $us 7.6 millones y Bolivia en el último lugar con $us 1,8 millones.

«Nosotros hemos cumplido con la misión de llevar adelante la defensa del Estado boliviano de la manera más austera posible en términos de costo», remarcó.

El procurador explicó que se pagó a tres bufetes legales encargados de representar a Bolivia en este caso: Foley Hoag, Dechert LLP y Gomm & Smith.

Finalmente, Menacho anticipó que «estamos recurriendo como Procuraduría General del Estado al Tribunal de Ética de la Asociación Nacional de Periodistas, por las constantes publicaciones con información «falsa y tendenciosa» (de un medio de comunicación paceño), que daña la institucionalidad de la Procuraduría General del Estado».

El Estado boliviano pago a la empresa chilena Quiborax 42,6 milllones de dólares como indemnización y por determinación del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).

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