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jueves, abril 15, 2021
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Se reconfigura el poder regional

Los bolivianos acudimos nuevamente a las urnas para elegir a los gobernadores, alcaldes y otros funcionarios del país, confiando en que se respetarán los resultados. Las elecciones subnacionales se han realizado en un ambiente de respeto y tranquilidad, la ciudadanía ha cumplido su deber con celo, aunque con mucha desconfianza debido a la lánguida actuación de los responsables electorales, afectada por los antecedentes de los anteriores comicios. Una de las características de estos comicios es que hubo un mayor ausentismo. Los resultados preliminares hacen prever una reconfiguración del poder municipal y departamental.

Aunque los resultados oficiales se conocerán probablemente a fin de semana, los conteos rápidos y levantamiento de datos en boca de urna, ofrecen un panorama preliminar en el que el MAS pierde los municipios del eje central nuevamente, y debe ir a la segunda vuelta por las gobernaciones de varios Departamentos. Recordemos que en las anteriores elecciones subnacionales el MAS ganó el seis departamentos.

Por el momento, lo concreto es que en las ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz ganó la oposición, lo mismo que la gobernación de Santa Cruz. En cambio, la gobernación de Cochabamba fue ganada por el MAS. Algunas gobernaciones tendrán que ir a una segunda vuelta de acuerdo a los resultados extraoficiales que surgen del conteo rápido y levantamiento de datos en boca de urna, salvo que pase algo extraordinario, como en las elecciones de 2019. Evo Morales desde el Chapare dijo que el MAS ha ganado en siete departamentos.

La responsabilidad en estos momentos queda en manos del Órgano Electoral. El pueblo ha cumplido, ahora son las los miembros del Tribunal Supremo Electoral, y del gobierno central, que tienen la obligación de acatar la voluntad de los ciudadanos, e investigar y hacer que la ley prevalezca en todos los casos en los que se han producido irregularidades que distorsionan los principios legales y democráticos.

Ojalá por fin se comprenda que las elecciones deben ser la herramienta que interprete la expresión de los electores, porque es la demostración del poder que la Constitución Política del Estado le da al ciudadano para decidir y elegir a sus autoridades. Desgraciadamente, la mayoría de los políticos jamás comprenden el significado de la voluntad del pueblo y hacen todo lo posible para violentar las normas y perpetrar engaños y atropellos a la democracia y al ordenamiento legal.

Es necesario que tanto las autoridades en ejercicio como los candidatos comprendan que su compromiso fundamental es respetar las leyes y la decisión soberana de la ciudadanía. Asimismo, los candidatos electos para gobernadores, alcaldes, concejales y consejeros, tendrán que someterse a las leyes y a cumplir principios y valores en el ejercicio de sus funciones. Es decir, ejercer el cargo con idoneidad, eficiencia y honestidad bajo parámetros éticos.

La palabra ética implica la valoración moral de los actos humanos, la conducta, honestidad y respeto por la verdad; se traduce en la responsabilidad y cuidado porque los actos de cada persona tomen en consideración sus consecuencias, tanto para sí mismo como para el conjunto de la comunidad. Para todo funcionario público, además del respeto a la ley, respeto a lo ajeno y cumplimiento del deber, implica también el compromiso de administrar y cuidar el patrimonio del Estado.

Por ello reiteramos la necesidad de que tanto los políticos como los funcionarios públicos tienen que asumir la dimensión de la ética y la responsabilidad frente a la sociedad. Los candidatos electos deben tomar en cuenta que desde el momento que demandan el voto de los ciudadanos se obligan a cumplir las leyes, y como funcionarios públicos tienen que actuar con rectitud y honradez, procurando satisfacer el interés general, desechando todo provecho o ventaja personal, obtenidos por sí, o por terceros.

Tienen que tomar en cuenta que el funcionario público debe estar capacitado para el cargo al que postula, y actuar con pleno conocimiento de las materias sometidas a su consideración, es decir, debe ser idóneo para cumplir las responsabilidades inherentes al cargo, lo que implica profesionalismo. La idoneidad es la aptitud técnica, legal y moral, condición esencial para el acceso y ejercicio de la función pública.

Gobernadores, alcaldes y todos los funcionarios del Estado se deben al ciudadano, y están obligados a responder por sus actos; cada autoridad elegida o designada debe desarrollar sus funciones con respeto y sobriedad, usando las prerrogativas inherentes a su función y los medios de que dispone, únicamente para el cumplimiento de sus deberes. Cuanto más elevado sea el cargo que ocupa, mayor es su responsabilidad para el cumplimiento de la Constitución Política, las leyes y normas. Es imprescindible que las autoridades conozcan sus derechos fundamentales, pero también tienen tomar en cuenta sus deberes ante la sociedad, el Estado y la ley.

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