Los operadores de turismo en Bolivia salieron este lunes a manifestarse contra la «burocracia» que aseguraron estableció el Gobierno para el ingreso de turistas al país y las «trabas» que desincentivan a los viajeros afectando aún más la reactivación de este sector tras más de dos años de pandemia.
Los representantes de distintos sectores dedicados al turismo se concentraron en el centro de La Paz y atravesaron la ciudad pasando por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Gobierno, del que depende la Dirección de Migración, para exigir «políticas claras» en beneficio de esta área.
En declaraciones a Efe, la presidenta de la Asociación Boliviana de Agencias de Turismo Receptivo, Jackeline Rivero, señaló algunas trabas como las multas a los turistas que no llenan datos periódicamente en una plataforma de la oficina de Migración que, a su juicio, tiene defectos de operación.
Rivero mencionó que actualmente, solo en La Paz, funcionan menos de 30 empresas de su área, a diferencia del tiempo anterior a la pandemia en la que había más de un centenar de agencias de turismo receptivo porque ahora únicamente llega apenas el 10 % del flujo de visitantes.
Algo similar es lo que sucede en el salar de Uyuni, el mayor del mundo situado a unos 3.650 metros de altitud, que anualmente recibía hasta 300.000 turistas, según los datos del Viceministerio de Turismo en los años anteriores a la pandemia.
La actividad turística «apenas se está reactivando», «ni siquiera (llega) el 10 % (turistas) en el salar de Uyuni», manifestó a Efe David Urrelo que forma parte de la Cámara de Operadores de Turismo.
El dirigente de la Alianza Boliviana para la Defensa del Turismo y el producto Nacional, Julio Chillo, dijo que los trabajadores del sector subsisten con el 10 % del turismo y que de ese porcentaje alrededor del 60 % son visitantes nacionales y el restante apenas corresponde a extranjeros.
El sector pide «políticas efectivas para reactivar el turismo» como la promoción en ferias internacionales o que el Gobierno gestione puentes aéreos con empresas de aeronavegación, además, de «facilitar la entrada de turistas» a Bolivia en vez de ponerles trabas como las pruebas PCR.
También se exigió la anulación de un decreto supremo de agosto del año pasado que establece nuevas exigencias para el ingreso de extranjeros al país como la obligación de los operadores de turismo de reportar constantemente información sobre los visitantes.
Ante esto, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, informó que se invitó a los dirigentes del área turística a un proceso de diálogo para atender sus demandas.
Ríos apuntó que «ninguna normativa» que disponga el Gobierno tiene la finalidad de restringir las actividades económicas y que lo que el decreto busca es «promover la seguridad» de los ciudadanos.
Por esta razón, se adelantó que el acercamiento también contará con la presencia de representantes del Ministerio de Salud y el Viceministerio de Turismo, que son algunas de las entidades que también han sido observadas en estas exigencias.