Aunque es prematura una evaluación de la gestión del gobierno del MAS a la cabeza de Luis Arce Catacora, existen elementos objetivos así como factores políticos, sanitarios, sociales y económicos que ofrecen señales que hacen ver que el actual lapso de seis meses se ha tornado tan conflictivo que la incertidumbre se ha apoderado tanto del oficialismo como de la oposición, en un ambiente de frustración de expectativas. Sin duda están en la mira varios hechos y situaciones que exponen al actual régimen.
Algunos medios de comunicación han efectuado aproximaciones a un balance de gestión consultando el criterio de analistas, políticos y de personalidades que coinciden en algunas apreciaciones y discrepan en otras. Naturalmente que el Gobierno así como los sectores afines al oficialismo ven una gestión positiva, aunque no exhiben hechos que demuestren su apreciación. En el otro frente, la oposición ve que todo va por mal camino y que el presidente Luis Arce Catacora cedió su mando para que las decisiones se tomen en el Chapare. Entre esos extremos sin duda hay un margen de evaluación que permite valorar los intentos iniciales del Gobierno por buscar la armonía y la reconciliación nacional, pero que de pronto se desvanecieron.
En el camino quedaron los anuncios de atender con urgencia la salud de la población frente a la pandemia; la reactivación económica, la atención de las necesidades de la población y la reforma judicial, para destinar los esfuerzos a otras directivas. La situación económica ha sido totalmente desatendida hasta el momento, y el sector empresarial ha mostrado preocupación por la inercia y algunas medidas contraproducentes que desalientan las inversiones y pueden provocar mayor desempleo. Lejos de los conciliadores anuncios al comenzar la gestión, se produjo un brusco viraje con una persecución judicial a los opositores, militares y policías; se producen violaciones a los derechos humanos y se olvidaron el debido proceso y el principio de que toda persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario. En lugar de buscar justicia se apeló a las detenciones preventivas. Estos hechos concretos retrotraen los anuncios de las autoridades cuando asumieron el gobierno de reformar el sistema judicial. Esta iniciativa mereció apoyo y pronunciamientos diversos tanto de la comunidad nacional incluyendo la oposición, como a nivel internacional por representar una urgente y sentida necesidad. La OEA se pronunció observado los abusos y señalando que era urgente una reforma judicial que haga posible que imparcialmente se investiguen las denuncias que pesan sobre Jeaninne Añez, Evo Morales y todos los detenidos. Hace poco el Parlamento Europeo emitió otro pronunciamiento pidiendo una reforma judicial estructural para garantizar juicios imparciales, justos y creíbles, además de luchar contra la corrupción. Ambos organismos solicitaron también la inmediata liberación de los detenidos políticos. Pero el ministro de Justicia anunció que por el momento no era de urgencia la reforma judicial.
En el tema de la pandemia, el Gobierno comenzó anunciado que llegarían varios millones de dosis de vacunas, y una campaña masiva de pruebas rápidas de COVID-19. Pero las vacunas que llegaron fueron muy pocas, se dispuso una movilización masiva involucrando a las universidades para agilizar la inmunización, pero se acabaron las vacunas y ahora se espera que lleguen otras partidas. El ministro de Salud, Jeyson Auza, admitió que las vacunas están por agotarse, y expuso como pretexto que el problema no solo es de Bolivia, sino de todo el mundo. «Vamos a poner los máximos esfuerzos en conseguir la mayor cantidad de vacunas en el menor tiempo posible y cuando las tengamos vamos a acelerar el proceso de administración. Si van a faltar las vacunas, le diremos al país», dijo el ministro.
Mientras tanto, el último reporte epidemiológico del Ministerio de Salud da cuenta de 1.963 casos nuevos de coronavirus en un día en todo el país, con lo que el total acumulado llegó al fin de semana a 316.153 infectados. El número de muertes se incrementa, muchos hospitales están llenos y el gobierno todavía delibera si el país está en la segunda o tercera ola. Para colmo de males, se ha desatado una campaña irracional desde algunas sectas religiosas para desalentar la vacunación, y hasta se fomentan supuestos éxitos de la medicina tradicional sobre la covid-19. Con ese panorama y frente a la realidad y los hechos, es preferible dejar la evaluación de la gestión de gobierno a la población, que pese a las campañas publicitarias, vive la realidad día a día, y observa como en otros países ya se está aplicando la segunda dosis de las vacunas, mientras en Bolivia se ha devuelto el dinero que facilitó el FMI para afrontar la lucha contra la pandemia.