Mientras el fuego amenaza diversas zonas donde se siguen practicando quemas para la habilitación de tierras, pende sobre la conciencia de los bolivianos el fallo del Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza (TIDN), que estableció que los incendios del 2019 arrasaron con 6.4 millones de hectáreas de bosques y selva.
«Se trata de un fallo que implica un análisis ético, moral y de responsabilidad frente a los intereses del país y al mandato de la Constitución Política del Estado, que está por encima de las leyes malignas que el gobierno del MAS aprobó para destruir el ecosistema y atacar la naturaleza y a la ‘Madre Tierra’, que decía defender», señalaron defensores del ecosistema, del medio ambiente, liderados por jóvenes bolivianos.
Por lo tanto, es obligación de los Órganos del Estado asumir su responsabilidad institucional y velar por el futuro y la preservación del principal patrimonio nacional que es la pródiga naturaleza.
«Ecocidio y normas incendiarias» funestas para intereses de Bolivia
Dieron a conocer que la sentencia de TIDN por el caso «Chiquitania, Chaco y Amazonia vs. Estado Plurinacional de Bolivia», declaró a los incendios del 2019 como «ecocidio provocado por la política de Estado (durante el gobierno de Morales-García Linera) y el agronegocio» y demanda la abrogación de las normas señaladas como «incendiarias» a fin que estos hechos no se repitan. Asimismo, afirman que la sentencia, señala que «los demandantes identifican como autores del delito de ecocidio a las autoridades administrativas, legislativas y judiciales, quienes diseñaron la política del MAS aprobaron el paquete legislativo y, ocurridos los incendios, favorecen a las condiciones de impunidad para los perpetradores».
La sentencia, identifica como «autores a los grupos fácticos representados por los grandes ganaderos, empresarios agroindustriales, por lo que dicho Tribunal ha formado convicción a ese respecto».
Por tanto, concluye que «corresponde la sindicación como autores del delito de ecocidio contra la ecorregión Chiquitana, Amazonia y Chaco de Bolivia al: Gobierno de Evo Morales-Álvaro García Linera, 2019, Gobernación de Santa Cruz y Beni; Autoridad de Fiscalización y Control de Bosques y Tierra (ABT), Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA); a la Asamblea Legislativa, bancadas del oficialismo y la oposición; a la Fiscalía, Órgano Judicial, Tribunal Agroambiental y al extractivismo agroganadero y de soya transgénica para la exportación”.
Urge abrogar Leyes y decretos atentatorios contra el ecosistema
El Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social – CEJIS, planteó la urgente abrogación de las normas que promueven la ampliación de la frontera agraria y con ello las quemas y desmontes, especialmente: la Ley N° 337 de Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución de Bosques y su D.S. 1578 Ley N° 502, Ley N° 739 y Ley N° 952, de ampliaciones del plazos y modificaciones de la Ley 337. Ley N° 741, de Autorización de Desmonte hasta 20 hectáreas para pequeñas propiedades y propiedades comunitarias o colectivas para actividades agrícolas y pecuarias. Ley N° 1171 de Uso y Manejo Racional de Quemas. Ley N° 1098 y D.S. 3874 sobre autorización de eventos de soya transgénica asociada a la producción de biodiesel. Ley Departamental 93/2019 (Beni) sobre la aprobación del Plan de Uso del Suelo del Beni. Y los decretos 3973 de Modificación y Ampliación del Desmonte para actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias; 4232 y 4238 que autorizan al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya, genéticamente modificados en sus diferentes eventos, destinados al abastecimiento del consumo interno y comercialización externa, además de la anulación de algunas resoluciones administrativas.
36 territorios Indígenas afectados por incendios
En relación a los pueblos indígenas en alta vulnerabilidad, el TIDN, instituye la implementación de medidas de reparación y dar cumplimiento al marco normativo nacional sobre la protección de los pueblos indígenas en situación de alta vulnerabilidad, y asumir las medidas necesarias para la restauración de sus territorios.
La sentencia señala que «El Tribunal ha conocido que los incendios forestales han afectado a 36 territorios indígenas en una extensión de 1.226.714 hectáreas».
La sentencia del TIDN constituye un antecedente jurídico y un recordatorio para que las autoridades cumplan su deber, además de obligar a la justicia boliviana actuar en defensa del ecosistema, medio ambiente, los derechos de la naturaleza y los derechos de los pueblos indígenas.