Son varias las razones por las que es necesario devolver al país la institucionalidad que manda la Constitución Política del Estado mediante poderes elegidos por el pueblo.
Institucionalizar significa que todos los organismos del Estado operen en forma legítima, legal y bajo las normas constitucionales. El país requiere certidumbre para salir de la complicada y conflictiva situación en la que se encuentra, por el ejercicio «de facto» de una Asamblea Legislativa que carece de legitimidad, un gobierno provisional debilitado y sin autoridad, una crisis económica que se profundiza y una pandemia que ha trastocado todo el andamiaje no solamente de salud, sino de todo el sistema administrativo y político.
Probablemente este convencimiento haya motivado a los miembros del Tribunal Supremo Electoral (TSE) tomar contacto con «todos» o algunos de los representantes de los partidos que intervienen en el proceso electoral, para buscar un consenso que haga posible restablecer la legalidad, legitimidad y reconducción constitucional, mediante nuevas elecciones que respondan a la voluntad de la ciudadanía.
La respuesta, aunque a regañadientes por algunas fuerzas políticas, encontró una vía precaria de consenso y ahora corresponde a la Asamblea Legislativa, dar el marco legal para las elecciones. Uno de los hechos que es necesario tomar en cuenta es que hay pocas alternativas viables, en una situación de alto riesgo por la pérdida de credibilidad en las autoridades provisionales que dan la impresión de que quedaron muy lejos de la capacidad para controlar el complejo escenario nacional, agravado por el coronavirus que lo infecta todo y pone en riesgo hasta la forma segura de acudir a las urnas a lo que suma las actividades desestabilizadoras del ex masismo.
El MAS, con la mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado, tiene en sus manos dejar expedido el camino, más aún cuando estuvo ejerciendo presión para qué los comicios se cumplan lo antes posible, autorizando inclusive la asignación de recursos económicos para que el Órgano Electoral pueda cumplir con la organización de los comicios en condiciones de bioseguridad.
Es imprescindible que se garantice la presencia de representantes de las organizaciones políticas en todo el ámbito nacional, principalmente en el área rural, para dar a conocer «sus planes» (si los tienen) de gobierno, de los jurados electorales, vocales y que los ciudadanos puedan ir a depositar su voto protegidos por varias garantías, entre ellas, la salud, adoptándose las previsiones para evitar aglomeraciones, respetar el distanciamiento social, esterilizar los equipos biométricos y todos los recintos electorales. Para evitar el ausentismo que se calcula que podría ser de un 55 a 60%, visto que existe en el colectivo social no solo pánico sino psicosis a contagiarse con el coronavirus.
Es necesario comprender que este proceso es la prolongación del proceso electoral fallido por fraude, del 20 de octubre pasado, que derivo en la convocatoria a nuevas elecciones para el 3 de mayo. Al no poderse cumplir las elecciones en esa fecha por los efectos del coronavirus, la norma difirió el cronograma electoral, bajo las mismas reglas, desgraciadamente establecidas por el gobierno del MAS. De esta manera, el escenario político no ha cambiado mucho porque las bases legales fueron impuestas con una visión política partidista, alejada de los principios de fortalecimiento de la democracia y respeto a la voluntad ciudadana.
El actual esquema nació con una malintencionada idea de prorrogar en el gobierno a Evo Morales. En la nueva coyuntura, simplemente se reemplaza a Morales por Luis Arce en la candidatura masista, pero bajo el mismo esquema que el Órgano Electoral no quiere cambiar. El actual gobierno transitorio tenía una misión específica que cumplir, destinada a pacificar al país por las tensiones emergentes del fraude y garantizar un proceso electoral imparcial, pero hasta ahora ninguna de estas metas fue alcanzado, y más bien, ha conflictuado la situación con una candidatura oficialista. Ahora, en el panorama que se presenta, hay objetivos que se tiene que tratar de cumplir tanto desde el gobierno central como el TSE. Se trata de dar certidumbre al país, dotar de factores de confiabilidad al proceso electoral, proteger a la población de los alcances de la pandemia y encaminar los esfuerzos conjuntos para recuperar la institucionalidad.