La peor noticia que puede publicar un periódico, es la de su propio fin, y sin duda se trata de un hecho desgraciadamente repetido en nuestro país, donde la libertad de expresión está a merced de los vaivenes políticos y de otras malas noticias que han debilitado el proceso democrático que estuvo en construcción desde finales del siglo pasado, y que ahora sufre una corrosión que deja en el limbo al respeto de los derechos y libertades ciudadanas, y en la penumbra la esperanza por mejores días. Sin duda ha conmovido a la opinión pública el anuncio de Página Siete, al publicar «su última edición». El Presidente del Directorio de ese medio, Raúl Garáfulic Lehm, dijo que es un momento duro que le llena de tristeza y angustia porque es consciente de que el periodismo independiente y la democracia pierden un aliado importante.
La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia y las nueve asociaciones departamentales de periodistas también expresaron, mediante un comunicado conjunto, «su profunda preocupación y alarma ante el anuncio del cierre del periódico Página Siete, originado en el bloqueo publicitario, el hostigamiento público por redes sociales y la presión política judicial que terminaron inviabilizando su sostenibilidad económica». Agregaron que es una muy mala noticia «porque los medios de comunicación libres, pluralistas e independientes son un pilar vital de la democracia». Asimismo, expresaron su preocupación por la grave situación por la que atraviesan los medios de comunicación en general y los escritos en particular, y advirtieron que una situación como la que obligó el cierre de Página Siete, puede también «repetirse con otros, que están sometidos a los mismos problemas y situaciones que las denunciadas».
El cierre de cualquier empresa o institución conlleva una serie de consecuencias, tanto económicas como de servicios o sobre la actividad a la que está ligada, pero cuando se trata del final de un medio de comunicación, las implicaciones son diferentes porque pone en relieve una serie de factores que tienen que ver con las libertades de expresión y de prensa, íntimamente ligadas a la vigencia de la democracia y el derecho de los ciudadanos a informarse de la realidad, sin censuras ni distorsiones, por todos los medios posibles. No se trata del cierre de un negocio -hecho que ya es lamentable- si no de un medio que informa, llama a la conciencia, orienta, explica y revela mucho de lo que los poderes políticos, económicos, religiosos y de otra índole dejan en la opacidad. No es solo se pierden empleos o movimiento económico cuando desaparece un periódico, porque queda afectado el periodismo en su conjunto, pierde la comunidad que no podrá ver un importante espectro de la realidad, pierde la democracia que tiene como pilar fundamental el derecho a informarse, conocer las diferentes miradas y posiciones sobre los temas de interés nacional e internacional.
La situación de los medios de comunicación independientes es muy delicada por las condiciones imperantes en el país. Recordemos que hace dos meses, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó sobre el momento complicado que rige en Bolivia. Mediante un pronunciamiento decía que «Las libertades de expresión y de prensa atraviesan un momento de elevada vulnerabilidad, debido a iniciativas del partido gobernante en el Congreso orientadas a controlar y limitar los mensajes de la ciudadanía y de periodistas». La entidad se refería a una propuesta legislativa del Movimiento al Socialismo (MAS) sobre una «Ley de Cumplimiento de Compromisos Internacionales en Materia de Derechos Humanos», que introdujo amenazas a la libertad de expresión. Finalmente, el gobierno y el Órgano Legislativo descartaron aprobar esas medidas, pero dejaron otras en vigencia. La SIP, también advirtió que los diarios independientes «continúan bajo persecución tributaria a través de controles y fiscalizaciones», que se les hace después de que publican «contenidos críticos a políticas gubernamentales u opiniones de sectores de oposición» contra disposiciones del Gobierno boliviano. Además, alertó sobre la persistencia de la «impunidad en casos de agresión a periodistas», pues hasta el momento ninguno de los casos denunciados terminó en sanción contra los responsables. «El caso más emblemático es la liberación de tres autores materiales e intelectuales del secuestro de seis periodistas, un hecho registrado el 28 de octubre de 2021 y que hasta hoy se mantiene en fase de investigación», agregó.
Los gremios han reclamado varias veces al Gobierno de Luis Arce por agresiones sufridas por trabajadores de la prensa durante coberturas de movilizaciones civiles, ataques que en muchos casos han sido atribuidos a «grupos de choque» del oficialismo. Realmente las condiciones para los medios de comunicación son difíciles en la coyuntura actual, por lo cual es necesario valorar los esfuerzos del periodismo independiente que debe lidiar contra una serie de factores que impiden su labor destinada a permitir que la ciudadanía esté informada de lo que ocurre, especialmente en un momento en el que la corrupción y las ilegalidades han sobrepasado toda discreción, y han puesto a Bolivia en la mira internacional.