Una de las columnas sobre la que se apoya la democracia, la justicia y los Derechos Humanos, es la solidaridad con los extranjeros que por razones políticas o de necesidad vital, se ven obligados a abandonar su país. En la historia de Bolivia, debido a la inestabilidad política, miles de ciudadanos se acogieron al asilo político y al refugio en diferentes países del mundo adonde llegaron, también, por las crisis económicas que impulsaron la migración. Millones de bolivianos en este momento viven en diferentes latitudes gracias a la solidaridad y a los recursos legales que permiten acoger a ciudadanos en situaciones especiales.
Por ello y otras razones humanitarias, el gobierno de transición hace bien en determinar medidas que hagan posible la permanencia legal en nuestro país de centenares de venezolanos que llegaron con la esperanza de conseguir mejores condiciones de vida. De acuerdo a un informe de la agencia estatal de noticias (ABI), la Dirección General de Migración (Digemig) legalizará «por razones humanitarias» la permanencia en Bolivia de ciudadanos venezolanos que hayan salido de su país a causa de la crisis que golpea a Venezuela. Se anunció que en los próximos días se aprobará un reglamento para viabilizar esa medida, cuyo objetivo es favorecer, especialmente a niños migrantes de esa nación. Recordemos que por las calles de las principales ciudades del país deambulan familias venezolanas esperando la solidaridad.
Según la Agencia de la Organización de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), hasta octubre de 2019 más de 4,5 millones de venezolanos salieron de su país hacia otros estados. Desde el retorno de la democracia, Bolivia ha recibido a ciudadanos que buscaron asilo, y alberga a más de 500 refugiados políticos provenientes de once países, en una tradición de solidaridad. Lamentablemente algunas veces esta acción humanitaria ha sufrido retrocesos por cuestiones ideológicas. Recordemos que, durante el régimen del MAS, se negó el asilo político al peruano Martín Belaunde, y se determinó la expulsión del empresario que fue asesor del presidente Ollanta Humala. Se olvidó que, en el pasado, miles de ciudadanos bolivianos se vieron forzados a pedir asilo en casi todos los países vecinos y de otras latitudes, ante la falta de garantías y debido a los riesgos, hasta para la vida. El asilo y el refugio han cobrado notoriedad en nuestro país por una serie de hechos, entre ellos, la decisión de Brasil de otorgar asilo político al senador Roger Pinto. El gobierno de Evo Morales se negó a dar el salvoconducto. Hoy, políticos del MAS que deben rendir cuentas por transgresiones al ordenamiento legal, buscan asilo. El anterior gobierno desató una persecución político-judicial que derivó en que más de 300 bolivianos apelen al refugio y asilo en el exterior, especialmente en Brasil, Perú, Paraguay y EE.UU. Algunos ya comenzaron a retornar al país.
El asilo político es el derecho que tiene una persona a no ser extraditado de un país a otro que lo requiere para juzgarle por delitos políticos. Con la tesis de extraterritorialidad de las Embajadas y Legaciones se consolidó este recurso humanitario. Así como nuestro país recibe refugiados, también debe respetar la voluntad de los connacionales que se sienten perseguidos. Cada vez se hace más fuerte la necesidad de solidaridad y comprensión por quienes sufre los efectos de las transgresiones a los derechos humanos, pero también es necesario afirmar que una cosa es respetar, ampliar y fortalecer la condición de refugiado político o de asilo, y otra la de permitir que un país se convierta en espacio de protección de la impunidad.