Uno de los principales problemas de la actualidad es la seguridad ciudadana y casi todos los países aumentan sus presupuestos y recursos, pero de acuerdo a un estudio del BID, el problema principal no está en gastar más sino en hacer las cosas bien. En nuestro país se han efectuado en la última década casi un plan seguridad cada dos años y no se han evaluado resultados. Solamente se efectúan otros programas, lo que hace suponer que los que se efectuaron antes fueron defectuosos, de lo contrario se los mantendría. Por otra parte, para carnavales, fin de año y otras ocasionales se desarrollan operativos coyunturales.
Por ejemplo para estos carnavales, la Policía Boliviana desplazó 12 mil efectivos que realizarán control en carreteras, terminales y actividades culturales que se desarrollarán en el país. Se anunció que trabajará de forma coordinada con el Ministerio Público en La Paz reforzarán este operativo 51 fiscales y en Santa Cruz se designó una comisión con 18 fiscales y otros tantos en Oruro.
Desde la Fiscalía General del Estado se instruyó la implementación de planes de trabajo que deberán cumplir las fiscalías departamentales para agilizar la intervención de esa instancia ante el reporte de hechos que ameriten su acción. El trabajo articulado de control policial se inició el pasado 28 de febrero y se prolongará hasta el 9 de marzo. La comisión de Fiscales estará de turno las 24 horas durante los días de carnaval con el fin de ejecutar este plan de acción que tiene el objetivo de defender los derechos de las personas ante cualquier eventualidad.
Está muy bien que se efectúen este tipo de operativos coyunturales, pero lo ideal es que esta labor sea permanente y con acciones de prevención antes que de represión. El BID en un estudio reciente señala que a menudo pensamos que la solución a los problemas sociales pasa por invertir más pero en realidad el objetivo debe ser el esfuerzo por la efectividad. Sin embargo, pareciera que la región ya está haciendo un importante esfuerzo fiscal en el sector de seguridad: el 5,4% del gasto público va destinado a cubrir inversión en seguridad ciudadana y justicia.
El BID pregunta si es suficiente lo que estamos haciendo. La verdad es que aunque dedicamos una buena parte de los presupuestos de la región a temas de seguridad, la realidad muestra que el gasto per cápita en seguridad es la mitad que el de los países de OCDE (U$ 218 vs U$ 532) mientras que la tasa de homicidio es casi ocho veces más alta.
El estudio recomienda una serie de medidas entre ellas dar mayor énfasis a las políticas preventivas respecto a las reactivas. Prevenir que se cometa un delito no solo evita el sufrimiento ocasionado por las pérdidas personales y materiales, sino que también resulta más barato que reaccionar ante los delitos consumados y sus consecuencias.
Asimismo, propone focalizar los esfuerzos en territorios, personas y comportamientos de alto riesgo. Sin embargo, en un análisis de casi 300 programas de seguridad en seis países de América Latina el estudio encontró que solo la mitad se centraba en comportamientos antisociales o delictivos, 22% en personas en situación de alto riesgo, y 11% en territorios de alto riesgo.
En el caso concreto de nuestro país, como se recordará se han emitido varias sugerencias de moderación, sobriedad y solidaridad pero las iniciativas han chocado contra la tradición, las arraigadas costumbres y las jugosas ganancias que generan los diferentes negocios que mueven millones de dólares con motivo del carnaval. Ni la ley seca ni los pedidos de moderación hicieron eco. Y es que ninguna medida coyuntural puede ser efectiva. Es necesario que desde los hogares, la escuela, los municipios y los gobiernos se trabaje todos los días en la toma de conciencia sobre los valores éticos y los riesgos de los excesos.