Una mujer de 27 años fue asesinada este fin de semana en La Paz lo que eleva a 88 los feminicidios en lo que va de este año, informó este lunes el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.
En una rueda de prensa Del Castillo presentó al presunto homicida que identificó como Ramiro M.C., pareja de la víctima, y afirmó que este «habría intentado simular una violación y luego arrojar el cuerpo a una cuneta».
El crimen que se perpetró el pasado sábado en una zona al noroeste de La Paz y la autopsia a la víctima estableció que la causa principal del deceso fue «asfixia mecánica por estrangulamiento».
La revisión de las grabaciones de las cámaras de seguridad fue fundamental para aclarar el crimen puesto que en ellas se observa a Ramiro M.C. cargando aparentemente un «objeto envuelto en un mantel», que en realidad era el cuerpo de la víctima.
Los familiares de víctima de feminicidio, que estuvieron presentes en la rueda de prensa, pidieron a las autoridades «justicia» y que no se deje libre al presunto asesino de la joven.
El Ministro de Gobierno apuntó que con este caso suman «88 feminicidios» durante este año, aunque esta cifra muestra una disminución del 19 % en estos crímenes fatales con comparación a los 108 que se tuvo en 2021.
«Este lamentable hecho nos obliga como sociedad a redoblar los esfuerzos en la lucha contra la violencia hacia la mujer y sobre todo tomar conciencia de que este flagelo sigue matando a las mujeres día a día en nuestro país», afirmó el ministro.
Los recurrentes feminicidios colocan a Bolivia entre los países más violentos para las mujeres de la región, por lo que el Gobierno declaró el 2022 como el «Año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización con una Vida Libre de Violencia Contra las Mujeres».
En Bolivia está vigente una normativa desde 2013 que castiga el feminicidio con 30 años de prisión sin derecho a indulto, sin embargo, organizaciones defensoras de los derechos y colectivos de mujeres consideran que la ley 348 debe ser reformada pues pocos casos llegan a tener una sanción penal y en muchas ocasiones la justicia revictimiza a las mujeres que denuncian hechos de violencia contra ellas.
La propuesta de modificación a la ley 348, que el Parlamento aún no ha tratado, propone un «procedimiento penal especial» para sancionar los hechos de violencia que suprime las «etapas o audiencias innecesarias para llegar a juicio».