La Asociación de Surtidores (ASOSUR) agrupación nacional de comercializadores privados de hidrocarburos, se declaró en estado de emergencia y crisis financiera. Esta organización argumenta que durante la emergencia sanitaria han logrado, con mucho esfuerzo operativo y económico, cumplir con la provisión de los servicios, pero que la situación se ha tornado insostenible.
En un comunicado ASOSUR señala que «el bajo nivel de ventas nos ha producido una crisis financiera». Este sector aglutina a todos los servicios de venta de combustibles, gasolina, diesel, GNV y la gasolina mezclada con etanol. Ante esa situación de iliquidez financiera, piden el diferimiento del pago de la totalidad de las facturas por comercialización de GNV, de los meses marzo, abril y mayo, considerado el periodo de cuarentena.
Asimismo, la eliminación de la multa por potencia no consumida de energía eléctrica, también de los meses marzo, abril y mayo; ya que la imposibilidad de venta no es por una decisión de los administradores de surtidores, sino por la cuarentena que paralizó al país.
De igual manera solicitan los usuarios de la empresa de energía eléctrica DELAPAZ que emitió facturas por los meses de marzo, abril, con tarifas excesivas a las empresas que están paradas en cumplimiento de la cuarentena.
«Si no hay actividades industriales, comerciales, porque DELAPAZ emitió facturas con precios elevados, por lo que debe rectificar las mismas o de lo contrario demostrar que hubo actividad de todos los sectores en Bolivia», señalaron dirigentes de la Central Obrera Departamental de El Alto.