Más de un centenar de trabajadoras sexuales protestaron ayer en puertas de la Alcaldía de La Paz rechazando un proyecto de ley aprobado en el Concejo Municipal para regular esa actividad, pero que presuntamente vulnera la confidencialidad.
«Nos están imponiendo una ley que para nosotros es discriminatoria y que rompe totalmente nuestra confidencialidad», dijo la delegada departamental de la Organización de Trabajadoras Nocturnas de Bolivia, Lorena Villarreal.
Explicó que, si bien están de acuerdo en que se realice la regulación de su trabajo, existen artículos que no fueron consensuados con ese sector que aglutina a más de 15.000 mujeres que cuentan con su respectiva libreta de sanidad.
Villarreal indicó que entre los requisitos para poder ejercer ese trabajo está el de presentar una declaración jurada, documento que consideran puede ser utilizado en cualquier circunstancia en su contra.
Contra los proxenetas
Por su parte, el concejal de Sol.Bo, que gobierna en La Paz, Fabián Siñani, negó que se vulneren derechos de confidencialidad, ya que lo que busca esa norma es el detectar posibles casos de trata de personas y de explotación sexual.
Acotó que la Alcaldía de La Paz espera que próximamente el pleno municipal cierre la tramitación de esta norma local, que busca regular una actividad «muy clandestina» en la ciudad.
La declaración jurada de las trabajadoras sexuales no vulnera derechos fundamentales, sino «todo lo contrario», ya que el objetivo es «reconocer los derechos de las trabajadoras sexuales», advirtió el concejal.
Este requisito para poder ejercer la prostitución en la ciudad, de casi un millón de habitantes, pretende que estas mujeres ejerzan «de manera libre, voluntaria y autónoma», subrayó Siñani.
El propósito es detectar a aquellas que lo hacen bajo presiones e incluso víctimas de la trata de personas, ya que las propias prostitutas piden acabar con un vacío legal que impide controlar esta actividad y los abusos que padecen, apuntó.
La norma fue consultada con organizaciones como Mujeres en Estado de Prostitución, Trabajadoras Nocturnas y Nacional de Activistas por la Emancipación de la Mujer, según la Alcaldía.
El propósito de la normativa es la autogestión en esta actividad, para evitar la explotación por parte de proxenetas, en un colectivo vulnerable que frecuentemente ejerce en locales donde no está permitido el trabajo sexual.
La norma regulará las condiciones de estos ambientes, en los que no se permitirán las bebidas alcohólicas, para luchar contra el maltrato hacia estas mujeres.
Según datos de la Alcaldía, en toda Bolivia se calcula que entre 35.000 y 40.000 personas ejercen la prostitución, más del 90 por ciento mujeres y por necesidades económicas.