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jueves, abril 15, 2021
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Trata de personas y tráfico de órganos

La CEPAL estima que la gente en situación de pobreza se incrementará en más de 45 millones de personas este año, como consecuencia de los efectos de la pandemia, con lo que el total de pobres en la región pasará de los 230 millones.

Este ambiente, deriva en una serie de problemas sociales y migratorios, y Bolivia, que es uno de los países más pobres del continente, enfrenta el nuevo escenario con problemas que se agravan y que obligan a la gente a dedicarse a cualquier actividad que reporte ingresos, algunas de ellas, punibles, que obligan a pensar en nuevas políticas sociales y humanitarias.

En los últimos meses se han acentuado las denuncias sobre tráfico de órganos, trata de personas y otros delitos que se suman a la producción y tráfico de drogas, que en nuestro país es causa de muchos males tanto en la sociedad como en algunas instituciones que han sido afectadas por la corrupción durante los últimos 14 años. Pero las restricciones impuestas por la cuarentena han acentuado la pobreza y los problemas sociales. La actualización de los datos de la canasta básica de alimentos, realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), permitió revelar el aumento de la pobreza en el país.

Estableció que en los últimos cuatro años (tres años 2017-2018 -2019 del gobierno del MAS y uno de la actual presidenta) se habría incrementado la pobreza tanto en el área urbana como en el rural.

El año 2019, 12,9% de la población en Bolivia se encontraba en condición de pobreza extrema y un 37,2% en situación de pobreza, según los datos del INE.

El gobierno del «evismo» hacía propaganda, engañosa, señalando que se había reducido la pobreza en el país, insistiendo en que la pobreza extrema en Bolivia descendió más de la mitad, es decir, de 38,2 por ciento en 2005 a 15,2 por ciento en 2018.

Pero hoy la realidad muestra que Bolivia sigue como uno de los más pobres de la región. La situación, además, se agravó por los efectos de la pandemia que paralizó los sistemas de producción, comercio y servicios.

Un estudio de la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL), da a conocer que la actividad económica en el mundo está cayendo más de lo previsto como consecuencia de la crisis derivada de COVID-19 y, con ello, aumentan los impactos externos negativos sobre la región en los campos comercial, de términos de intercambio, de turismo y de remesas. Además, la región se encuentra hoy en el epicentro de la pandemia y, si algunos gobiernos han comenzado a aliviar las medidas de contención, otros han debido continuarlas o incluso intensificarlas ante el persistente aumento de la enfermedad.

Dado que tanto el choque externo como el interno se han intensificado, de acuerdo a la CEPAL, la región evidenciará una caída del producto interno bruto (PIB) de -9,1% en 2020. Se considera que la tasa de desocupación regional se ubique alrededor del 13,5% al cierre de 2020, lo que representa una revisión al alza (2 puntos porcentuales) de la estimación presentada en abril y un incremento de 5,4 puntos porcentuales respecto del valor registrado en 2019 (8,1%).

En el caso de Bolivia, la situación es mucho más grave ya que al impacto económico activado por el coronavirus se suma la crisis política que bloquea e impide soluciones, y la crisis social, que excitada por la pobreza busca alternativas, en algunos casos ilícitas, para aliviar su situación. Para completar el circuito crítico, la llegada de inmigrantes, especialmente venezolanos y haitianos, vienen a estimular las necesidades y hace que se reduzca más la precaria capacidad para apoyar a personas en situación de pobreza. Este escenario, a su vez, deriva en una serie de actividades ilícitas:

Trata y tráfico de personas, alquiler de niños para pedir ayuda, presunción de tráfico de órganos humanos, prostitución y violencia, entre otros ilícitos, que se encuentran en investigación como otra de las facetas que ofrece la secuela del coronavirus, que, junto a los contagios, está orillando a los más necesitados, especialmente a los migrantes, a llegar a una variedad de extremos para sobrevivir. Asimismo, está en investigación la situación ilegal de ciudadanos procedentes de Haití, debido a denuncias sobre presunta trata de personas.

En los últimos dos meses, la Dirección General de Migración de Bolivia realizó ocho operativos y detuvo a 142 haitianos, de acuerdo con información proporcionada por el titular de esa instancia, Marcel Rivas, quien, reveló que «ninguno de los niños que fueron encontrados con ciudadanos haitianos, ingresados al país de forma irregular, estaba con sus padres». La investigación se amplió ya que hay indicios de que está involucrada gente del Chapare, en el transporte de los haitianos.

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