Dos exjefes militares fueron sentenciados este viernes a tres años de prisión dentro de un juicio por la llegada a la Presidencia de Jeanine Áñez de forma interina en 2019 tras la renuncia de Evo Morales en medio de una crisis que para el oficialismo fue un «golpe de Estado» contra el entonces mandatario.
El fallo fue dictado por el Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero de La Paz en una audiencia virtual dentro de un procedimiento abreviado al que aceptaron someterse los militares, lo que supone una admisión de culpa.
Los sentenciados son los excomandantes de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) Gonzalo Terceros y de la Armada Boliviana Palmiro Jarjury por el caso conocido como «golpe de Estado II», en el que también están acusados Áñez y otros exjefes militares y policiales.
Una nota de prensa del Viceministerio de Comunicación señala que Jarjury deberá cumplir su sentencia en una cárcel en la localidad de Patacamaya y Terceros en el penal de Palmasola.
«Ambos aceptaron ante el Tribunal que cometieron el delito de resoluciones contrarias a la Constitución y a las Leyes e incumplimiento de deberes en grado de complicidad», señala el comunicado.
Hace unos días los medios locales difundieron una carta en la que los familiares de Terceros y Jarjury explicaban que se aceptó ir a un juicio abreviado al considerar que la «lucha» por demostrar su inocencia «es absolutamente desigual e infructuosa» y se buscaba preservar la salud de ambas familias.
El proceso
El caso «golpe de Estado II» se refiere a las acciones que Áñez tomó cuando era segunda vicepresidenta del Senado para asumir en 2019 la Presidencia de forma supuestamente irregular, según el oficialismo, tras las renuncias de Morales y de toda la línea de sucesión presidencial.
Los dos exjefes militares sentenciados fueron incluidos en el proceso por haber facilitado el traslado de Áñez desde un aeropuerto en la ciudad de El Alto hasta La Paz el 11 de noviembre de 2019, un día después de las dimisiones de Morales y sus posibles sucesores en medio de protestas posteriores a las fallidas elecciones generales de ese año.
Áñez asumió la Presidencia interinamente el 12 de noviembre de 2019 tras activar un mecanismo de sucesión que en su momento contó con el visto bueno del Tribunal Constitucional, lo que para el oficialismo fue una acción irregular.
El juicio por el caso «golpe de Estado II» debía comenzar la semana pasada, pero un tribunal de La Paz dejó sin efecto el auto de apertura del proceso por vicios de forma en la convocatoria y ante las fallas técnicas registradas durante la audiencia virtual.
La exmandataria está encarcelada desde hace once meses por otro caso, el llamado «golpe de Estado I», en el que se le acusa de sedición, terrorismo y conspiración.
Ante el inicio del juicio por el otro proceso, Áñez inició una huelga de hambre en la que ya lleva diez días y por la cual su salud se ha vuelto a deteriorar.
En esta jornada, grupos afines al oficialismo impidieron el traslado de la exgobernante interina a un hospital dispuesto por un juez, que luego decidió que reciba la atención médica dentro del penal.