El Tribunal Constitucional rechazó un recurso presentado por la defensa de la expresidenta interina Jeanine Áñez dentro del proceso iniciado en su contra a instancias del oficialismo por la crisis de 2019, lo que supone que el juicio puede reanudarse, informó este jueves el Gobierno.
El ministro de Justicia, Iván Lima, dijo a los medios que «ha sido rechazada por la comisión de admisión» del tribunal la «acción concreta de inconstitucionalidad» presentada por la defensa de Áñez dentro del caso «golpe de Estado II», por el que se le acusa de los supuestos delitos de resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes.
Con esta decisión, el Constitucional «ha eliminado el último obstáculo legal que existía para que continúe el juicio, se pronuncien los alegatos y se dicte la sentencia correspondiente», indicó Lima
«Por lo tanto, en este momento el tribunal que está haciendo el juicio en La Paz puede reinstalarlo y esperamos y exhortamos a las autoridades judiciales que, en el marco de un debido proceso, puedan continuar con esta causa que es parte de la demanda del pueblo boliviano por memoria, verdad y justicia», sostuvo.
La autoridad expresó su confianza en que el juzgado que lleva el caso se pronuncie próximamente sobre la reanudación del juicio.
La defensa de Áñez aún no ha sido notificada sobre la resolución del Tribunal Constitucional, que tiene su sede en Sucre, la capital constitucional de Bolivia.
Según el diario sucrense Correo del Sur, el tribunal rechazó la acción de la exmandataria interina porque «no cumplió con los requisitos necesarios para un análisis y pronunciamiento de fondo» y no realizó la «fundamentación jurídico-constitucional que exponga de manera concreta la contradicción de las normas constitucionales invocadas».
Los antecedentes
Áñez está recluida en una cárcel de La Paz desde marzo de 2021 inicialmente acusada por los supuestos delitos de terrorismo, sedición y conspiración en el caso «golpe de Estado I» con el que primero se ordenó cuatro meses de encarcelamiento preventivo para luego ampliarlos a seis.
Luego se abrió el proceso «golpe de Estado II» en el que se incorporaron otras figuras penales para que su detención se extienda por un tiempo similar.
El juicio comenzó a principios de abril, tras un par de aplazamientos debido a las crisis de salud que presentó Áñez o algunos recursos que planteó su defensa por observaciones a los procedimientos de la corte encargada del caso.
Para el Gobierno de Luis Arce y el oficialismo, Áñez asumió ilegalmente la Presidencia del país en noviembre de 2019 tras la renuncia masiva del entonces presidente Evo Morales, su vicepresidente y las cabezas del Senado y la Cámara de Diputados.
El oficialismo sostiene que Áñez debió convocar a una reunión parlamentaria para la restitución de directivas en ambas Cámaras y que la titularidad del Senado pertenecía al gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS), como fuerza mayoritaria, por lo que su llegada a la Presidencia fue «de facto».
La defensa de Áñez sostiene que a finales de 2019 hubo un vacío de poder ante la renuncia de toda la línea de sucesión y que su llegada a la Presidencia se apegó a los procedimientos de la Constitución.