El Tribunal Supremo Electoral (TSE) se reunirá este jueves y viernes para definir el presupuesto para llevar adelante en 2023 la elección de altos cargos del poder Judicial, cuyas dos versiones anteriores han sido cuestionadas por sus resultados con mayoría de votos nulos y blancos.
El vocal del TSE Francisco Vargas informó este miércoles a los medios sobre esta reunión en Cochabamba, en la que se analizará el «borrador del presupuesto» que luego se pondrá en consideración de la Sala Plena y, una vez aprobado por esa instancia, se enviará al Ministerio de Economía.
«Se está trabajando en tener un presupuesto para poder garantizar, de acuerdo a lo que mandan la Constitución y las leyes, un proceso de elección de autoridades del órgano Judicial en 2023», indicó.
Vargas sostuvo que la elección de altas autoridades del órgano Judicial debe realizarse en 2023, pues la Constitución indica que estos comicios deben celebrarse cada seis años y los anteriores se llevaron a cabo en 2017.
Sin fecha definida por el momento, este proceso electoral debe ser convocado mediante una ley y cumplir dos fases, la primera de preselección de candidatos a cargo del Legislativo y la segunda que es la «organización» y «administración» del evento en sí, recordó.
Según el vocal, la base para pedir la financiación serán los presupuestos ejecutados en los comicios judiciales de 2011 y 2017, que equivalieron a unos 12 millones de dólares y 17,2 millones, respectivamente.
Comicios criticados
La Constitución vigente en Bolivia desde 2009 introdujo la elección mediante voto popular de las máximas autoridades de los tribunales Supremo de Justicia, Constitucional, Agroambiental y del Consejo de la Magistratura, con candidatos seleccionados previamente por dos tercios en el Legislativo.
En las primeras elecciones judiciales realizadas en 2011 hubo una gran cantidad de electores que votaron nulo y blanco en rechazo al proceso, al considerarlo manipulado por la mayoría legislativa del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) para elegir a magistrados afines al oficialismo.
Las de 2017 tuvieron resultados similares y estuvieron precedidas por un fallo del Constitucional que habilitó a Evo Morales a buscar un cuarto mandato consecutivo en los fallidos comicios generales de 2019, pese a que la Carta Magna limita a dos los periodos presidenciales y a un referendo que en 2016 le negó la posibilidad de volver a postular.
En esta legislatura, el MAS tiene mayoría en el Parlamento, pero no los dos tercios.
Crisis crónica
Los comicios judiciales no ha logrado resolver la crisis que arrastra la Justicia boliviana desde hace décadas, provocada por la lentitud en los procesos, la corrupción, las dificultades de acceso de la población al sistema judicial y la presión política sobre jueces y magistrados.
Esto ha sido observado por organismos internacionales como Human Rights Watch (HRW), que en su informe sobre eventos de 2021 mencionó que la Constitución de 2009 introdujo la figura de las elecciones judiciales, pero con listas de candidatos salidas del Legislativo, de mayoría oficialista.
El relator especial para la Independencia de Jueces y Abogados de las Naciones Unidas, el peruano Diego García-Sayán, mencionó en su informe tras visitar Bolivia que «recogió una extendida valoración crítica indicando que» el sistema de designación de jueces y magistrados «está politizado y no siempre ha conducido a escoger a las personas más idóneas».
También consideró «esencial que en estos procesos no sean los criterios ni las consideraciones de índole político los que prevalezcan».