Finalmente los alcaldes lograron reunirse con el presidente Luis Arce en busca de solución a los diversos problemas que confrontan los municipios en su gestión y en su relación con el gobierno. Ocho alcaldes de capitales de departamento más la alcaldesa de El Alto participaron del diálogo que logró marcar el camino para una mejor relación y que mediante el diálogo se logren despejar dudas y encontrar soluciones. Resulta auspiciosa esta apertura porque permitió la participaron tanto de alcaldes oficialistas como de la oposición. En el encuentro entre el Jefe de Estado y los alcaldes, se acordó la conformación de tres mesas de trabajo con los ministerios del ramo, y la participación de la Federación de Asociaciones Municipales Bolivia, la Asociación de Municipalidades de Bolivia y la Asociación de Concejalías de Bolivia, para analizar los problemas y armonizar soluciones en el campo de la salud, economía y planificación.
De acuerdo a las informaciones que trascendieron, los alcaldes explicaron en la reunión que no están en negociación las competencias municipales determinadas en las normas de autonomía. También se pidió al Ejecutivo que cualquier norma que comprometa a los municipios tuviera que ser consensuada, y que el gobierno no podrá asignar nuevas responsabilidades a los municipios sin la asignación de recursos para su sostenimiento. Todas estas líneas tendidas para llevarse mejor pueden lograr un positivo medio de entendimiento si se honran los compromisos que se están asumiendo. Recordemos que el 18 de noviembre, los alcaldes de las ciudades capitales y El Alto se reunieron y se declararon en estado de emergencia frente a la promulgación de la Ley 1407 que puso en vigencia el Plan de Desarrollo Económico y Social. El gobierno en la reunión, insistió en que la norma no afecta las autonomías. Pero hay artículos que evidentemente son preocupantes y si no se modifican, más temprano que tarde serán motivo de discordias.
Recordemos los fracasos de las reuniones entre el gobierno central, las gobernaciones departamentales, municipios y universidades en relación al Pacto Fiscal realizadas en 2018 y 2019, que nunca pudieron llegar a acuerdos, mientras el gobierno se asignaba la mayor parte de la torta presupuestaria. Varias gobernaciones departamentales, con excepción de las que controlaba el MAS, hasta 2019, efectuaron observaciones y rechazaron la posición del gobierno central. Las más críticas fueron las representaciones de Santa Cruz, La Paz y Tarija que consideraban que se estaba vulnerando los principios autonómicos. El gobierno asigno cargas cada vez mayores para las regiones mientras se reducían sus ingresos. La representación de Santa Cruz denunció que el Ejecutivo central «confiscó» más del 70% de los recursos del IDH. En ese momento se insistía en que el pacto fiscal respete el mandato de la Constitución Política del Estado, de manera que la repartición de recursos contemple el proceso autonómico, ya que el actual mecanismo de coparticipación se mantiene como hace 20 años. Los reclamos de Santa Cruz, Tarija, y La Paz, que tenían más de 20 observaciones al documento del gobierno sobre el pacto fiscal terminaron en comisiones de trabajo que nunca resolvieron los problemas.
Ojalá que en la actual coyuntura, el diálogo -que en algún momento se ampliará a las gobernaciones y universidades- sea serio y que realmente exista una voluntad de encontrar soluciones en armonía y en equidad, y que no ocurra como en el último planteamiento del pacto fiscal del gobierno del MAS, en el que demagógicamente se identificaron 25 fuentes alternativas de financiamiento para gobernaciones y municipios, descartando por completo que el Gobierno central pueda ceder parte de la coparticipación tributaria a las regiones. Las supuestas nuevas fuentes alternativas de financiamiento significaban el aumento de impuestos y creación de nuevos tributos, hecho que sin duda derivaría en una reacción popular en contra de las gobernaciones y municipios, mientras el gobierno central se lavaba las manos.