Un censo carcelario pretende conocer la situación real de los más de 18.000 presos en Bolivia, un país donde cerca del 70 % está en la cárcel en espera de sentencia, con el fin de combatir lacras como la detención preventiva que se alarga por retrasos en la Justicia, informó ayer una fuente oficial.
«Esperemos que este censo en dos o tres meses nos permita conversar con cada una de esas más de 18.000 personas privadas de libertad para poder entenderlas», declaró el Ministro de Justicia de Bolivia, Héctor Arce, tras la firma de un acuerdo con este fin.
El acuerdo lo suscribieron la Fiscalía General del Estado, los ministerios de Justicia y de Gobierno (Interior) y el Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia en Sucre, capital del país.
El objetivo es coordinar este censo para determinar «cuántas personas necesitan que el Estado, la sociedad jurídica y políticamente organizada, los escuche, los ampare y los proteja», manifestó el ministro, de acuerdo con un comunicado de la fiscalía.
Arce se preguntó «cuántas personas con familiares con enfermedades terminales están esperando que su nación los escuche y los entienda con el mínimo de humanidad».
«La realidad de nuestro sistema penitenciario y de nuestra justicia deben cambiar, por un sistema más humano y más correcto», sentenció.
Por su parte, el Fiscal General del Estado boliviano, Juan Lanchipa, apuntó que el censo busca «el respeto a los derechos tanto de las víctimas como de los procesados», según el comunicado.
«Hoy es un día muy importante para la humanización de la justicia, el censo carcelario no solamente tiene un propósito estadístico, sino el de establecer la verdadera situación jurídica de todos los privados de libertad», agregó.
Lanchipa subrayó que «con esto poco a poco vamos a ir recuperando la credibilidad y confianza de la población».
La estadística a desarrollar entre las instituciones firmantes busca concretar la cantidad de reos con detención preventiva y con sentencia condenatoria, para otorgar mandamientos de libertad y reducir los casos de condenados que siguen en prisión solo por retrasos en el funcionamiento de la Justicia.
Las cárceles de Bolivia presentan problemas de conflictividad y hacinamiento, debido entre otros factores a que la mayoría de los reos está en prisión preventiva sin sentencia y sus casos sufren un retraso crónico.
El Parlamento boliviano anunció hace unos días que tramita una ley para acabar con los retrasos en la Justicia y el abuso de la detención preventiva.