Más de un centenar de organizaciones de la sociedad civil hicieron un llamado para que el gobierno central junto a las gobernaciones y municipios, sistematicen sus actividades para optimizar resultados y emplear mejor los recursos nacionales. Inclusive pidieron que se coordine con la comunidad internacional, especialmente con los donantes.
En una carta pública, dirigida a la Presidenta Jeanine Áñez, y a gobernadores, alcaldes y organismos internacionales, demanda que se «adopten enfoques similares y niveles de coordinación que ofrezcan una mayor prontitud, certidumbre y estabilidad para explorar juntos la mejor manera de afrontar la crisis, incluyendo medidas que permitan a la sociedad civil movilizarse con y para los grupos más afectados por la pandemia del Coronavirus».
«Los gobiernos y los donantes deben actuar para asegurar la resiliencia de la sociedad civil frente a la pandemia del COVID-19 y generar una cultura de solidaridad y acción colectiva, sustentada en una intensa cooperación, confianza y reparto de la responsabilidad», subrayó Susana Eróstegui, Directora Ejecutiva de UNITAS, red nacional que promovió la elaboración y difusión de una carta pública firmada por 116 organizaciones de la sociedad civil boliviana.
La Carta plantea la cancelación de las deudas nacionales para garantizar que los gobiernos dispongan de financiación suficiente para asegurar una recuperación pronta; políticas fiscales más justas sobre quienes tienen más recursos en nuestra sociedad. También pide garantizar que todas las medidas que se adopten para evitar la propagación del COVID-19 sean informadas y realizadas de manera transparente y bajo procedimientos de rendición pública de cuentas; niveles efectivos de coordinación entre el nivel de gobierno central, los gobiernos departamentales y gobiernos municipales, para garantizar el acceso de la población a servicios de salud y bioseguridad; atención particular a grupos vulnerables, sin distinción de su origen, orientación sexual o identidad de género, asegurando el acceso a apoyo, recursos y mecanismos de protección adecuados, así como a cualquier cuestión relacionada con la estigmatización, la exclusión, la violencia, el odio, y la persecución de víctimas del COVID-19.
De la misma firma, llama a proteger el papel de los medios de comunicación y de la labor periodística, garantizando las condiciones propicias para su ejercicio y el acceso de la población a información de interés público, entre otras.