La primera semana de 2023 transcurrió con hechos que resumen lo que ocurrió en casi toda la gestión, con movilizaciones demandando respeto al estado de derecho, demandas por reestructuración de la justicia, detención de dirigentes de la oposición, violencia policial, bloqueos, y un factor constante que se refleja en un sentimiento de incertidumbre e intranquilidad, en unos casos con motivos ciertos, y en otros políticamente activados. Pero esta vez, con un cambio significativo: Los epicentros de las protestas son el Chapare y la ciudad de Santa Cruz y no la sede de gobierno, como en forma tradicional e históricamente ha ocurrido.
Para algunos, el liderazgo político y social que siempre se manifestó en las ciudades de La Paz y El Alto, se fue al oriente y a las bases de los cocaleros desde donde se levantan la voz en nombre de todo el país, protestando contra el abuso de poder y la manipulación de la justicia, en unos casos y por espacios de poder en otros. Pero todo lo demás se mantiene, nada cambia y se insiste en instalar la mentira, la ficción, y la negación, mediante la propaganda, en el escenario nacional. En esa ficción, el MAS no está dividido, los carteles de las drogas no operan en Bolivia, los cocales disminuyen, el gobierno lucha contra los avasalladores de tierras y propiedades, la economía nacional está entre las mejores del mundo, hay reservas suficientes de gas natural, así como se respeta el estado de derecho, tal como asegura el gobierno frente a las observaciones de organismos internacionales sobre lo que ocurre en nuestro país.
Pero el secretario General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, expresó preocupación por los acontecimientos actuales y llamó a la calma a todos los actores políticos y sociales de Bolivia, exhortándolos a ejercer «la máxima moderación». El máximo funcionario de la ONU, en un comunicado destacó la importancia de que Bolivia adhiera al Estado de Derecho, y garantice «el debido proceso así como la transparencia en los procedimientos judiciales». El ministro de Justicia, Iván Lima, respondió afirmando que «Estamos respetando en su grado máximo el debido proceso, la transparencia, la actuación de la Justicia y estamos garantizando esa independencia en los términos de nuestra Constitución Política del Estado y la Ley 1970», según Lima, quien explicó que existen otros actores sociales que no actúan conforme a lo que señala la ONU, y «están buscando que la Justicia actúe por la amenaza, por la presión y por el chantaje».
A su vez, el vocero presidencial Jorge Richter asegura que el proceso contra el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, se ventila en la justicia y no desde el Gobierno, por lo que descartó que exista injerencia política en el sistema judicial. Para el vocero oficial, al Órgano Ejecutivo no le corresponde pronunciarse sobre un tema que está en la justicia. «Es la justicia la que se tiene que manifestar, allí hemos escuchado a los fiscales, a los jueces, hemos escuchado a las autoridades que corresponden pronunciarse respecto de lo que ha sido todo este procedimiento, no le corresponde al poder político hacer una mirada sobre aquello», dijo. El vocero afirmó que la protesta en Santa Cruz «es un hecho para asegurar impunidad por lo ocurrido en la crisis política de 2019». «Pero esa es ya la mirada de orden político y esta es una cuestión estrictamente jurídica y se va a dilucidar en el proceso de investigación», argumentó.
Recordemos que La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) después de varias visitas al país y de haber efectuado observaciones sobre el sistema judicial y analizado casos concretos, urgió a Bolivia a actuar en estricto cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de acceso a la justicia y debido proceso, a fin de garantizar la reparación integral de las víctimas y sus familiares en relación con las graves violaciones a los derechos humanos. Para llevar adelante una investigación se creó el Grupo de Expertos Independientes, que emitió un informe asumido por la Comisión.
Bajo esa base, la CIDH ha expresado, en sus conclusiones, la preocupación ante las reiteradas denuncias sobre la falta de independencia en la administración de justicia en el país, así como la prevalencia de desafíos estructurales en el sistema judicial. Esta problemática ha sido destacada en distintas oportunidades por una pluralidad de organizaciones de la sociedad civil. En ese orden, recuerda que la independencia de todo órgano que realice funciones de carácter jurisdiccional es un presupuesto indispensable para el cumplimiento de las normas del debido proceso; y destaca que su ausencia afecta el acceso a la justicia y fomenta la desconfianza de la ciudadanía en el sistema de administración de justicia, en general. Por ello, reiteró su llamado al Estado de Bolivia, «a tomar las medidas necesarias para garantizar la independencia e imparcialidad del sistema de justicia en el país, mediante una reforma estructural fundada en el principio de acceso a la justicia de las víctimas y a una reparación oportuna y adecuada. En ese sentido se une al pronunciamiento de la Misión en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos dirigido a promover cambios estructurales para atender las causas profundas de las violaciones de derechos humanos y asegurar su no repetición».