Cientos de manifestantes y activistas siguen encarcelados un mes después de las históricas protestas del 11 de julio en Cuba, mientras sus familiares y organizaciones defensoras de los derechos humanos denuncian malos tratos, falsas acusaciones e irregularidades procesales.
Al menos 805 personas fueron detenidas durante o después de las protestas, de las que 249 han sido liberadas, 516 permanecen en prisión y 40 en paradero desconocido, según el centro de asesoría legal Cubalex.
La Fundación para la Democracia Panamericana (FDP), con sede en Florida, maneja cifras similares. El Gobierno cubano no ha publicado datos.
El miedo
«El proceso de verificación es lento. Hay miedo dentro de Cuba y las familias temen que se haga pública determinada información», explica a Efe la abogada Laritza Diversent, directora y fundadora de Cubalex, que brinda asesoría legal a los arrestados del 11 de julio y sus allegados.
Algunos, sin embargo, han perdido el miedo y denuncian la situación de sus seres queridos en las prisiones cubanas.
Jennifer lleva un mes sin ver a su marido, Aníbal, un mecánico automotriz de 25 años que fue detenido durante una protesta en Güines, 50 km al este de La Habana, acusado de «atentado» -delito que conlleva entre uno y tres años de prisión- y encarcelado sin opción de recibir visitas.
Desde hace 31 días solo ha podido comunicarse con su familia en dos llamadas telefónicas a su esposa, a quien relató el momento de su arresto.
«Me dijo que ya se retiraba hacia la casa, estaba hablando por teléfono. Le vienen arriba policías vestidos de civiles y boinas negras. Empezaron a darle golpes. Le dieron descargas eléctricas con un bastón, se cayó al piso y en el piso le siguieron dando», asegura su esposa, técnica de laboratorio de 21 años.
Layda, la madre de Aníbal, contrató a una abogada pero ella tampoco ha podido visitar al detenido, algo habitual en Cuba, según Cubalex.
«En la legislación cubana no se garantiza abogado durante los interrogatorios, lo cual es una violación de la garantía del debido proceso según el derecho internacional», asegura la directora de la ONG jurídica.
Juicios sumarios
A la mayoría de los cientos de manifestantes arrestados se les imputan delitos como desacato, incitación a delinquir, propagación de epidemia, desorden público, atentado y resistencia, castigados con entre varios meses y años de cárcel en el Código Penal.
Organizaciones de defensa de los derechos humanos denuncian que en su mayoría las acusaciones son falsas o carentes de pruebas, lo que no ha impedido que decenas de personas recibieran condenas de prisión en juicios sumarios.
«Muchas personas fueron juzgadas sin la presencia de un abogado y la sentencia se dicta de manera oral, lo que constituye una violación de las garantías del debido proceso», asegura la abogada de Cubalex.
Juan Carlos Vargas, representante del Centro de Denuncias de la fundación para la Democracia Panamericana (FDP), reclama que «existen denuncias de menores de edad detenidos, todos ellos sin un debido proceso ni tampoco garantías judiciales».
El presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio Ferro, negó la existencia de juicios sumarios, aseguró que se trata de «procedimientos abreviados para los delitos menores» y afirmó que la Justicia cubana «cumple estrictamente con los principales instrumentos internacionales».
Sin embargo, esto no convence a los activistas, organizaciones ni familiares de los detenidos, que no confían en la imparcialidad e independencia del sistema judicial en Cuba.
«El objetivo del Gobierno es el efecto ejemplarizante: que el resto de la sociedad vea lo que les ocurre a quienes quieren manifestarse y se inhiban de ejercer este derecho», asegura Diversent.
Prisión o libertad, ¿de qué depende?
Destaca, sin embargo, la aparente arbitrariedad con la que las autoridades deciden mantener arrestados a manifestantes del 11 de julio o ponerlos en libertad como en los casos del realizador Anyelo Troya, la youtuber Dina Stars y el ajedrecista Arián González.
Según la directora de Cubalex, las autoridades «han ido liberando a las personas con más visibilidad, mientras a las menos conocidas cuyos familiares no han hecho pública la información las han mantenido en la cárcel».
«La presión en redes sociales ha funcionado para que el Estado reaccione y la aplicación de la justicia es selectiva», sentencia.
Sin embargo, conocidos activistas opositores siguen entre rejas. El artista Luis Manuel Otero Alcántara, líder del opositor Movimiento San Isidro (MSI), y José Daniel Ferrer, presidente de la organización disidente Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), cumplen un mes de encierro pese a las intensas campañas por su liberación en redes sociales.
También permanecen en prisión el rapero Maykel Osorbo, cointérprete de la famosa canción «Patria y Vida», y el artista Hamlet Lavastida, que fueron arrestados semanas antes de las protestas.
Las manifestaciones del 11 de julio, inéditas en más de seis décadas de comunismo en Cuba, se produjeron como reacción a la extrema crisis que vive el país, donde escasean los alimentos, artículos de higiene y medicinas, proliferan las colas, la covid-19 está fuera de control y cada vez más tiendas venden productos en divisas internacionales, inaccesibles para parte de la población.
El Gobierno, que señala a EE.UU. como culpable de su crisis económica e instigador de las protestas, ha anunciado desde el 11 de julio algunas concesiones para la población, desde la eliminación de aranceles a la importación particular de medicinas hasta el aumento de la cuota de arroz a precio subvencionado en la cartilla de racionamiento.