Un principio de acuerdo entre el gobierno y los médicos abre la posibilidad de modificaciones al proyecto de Ley de Emergencia Sanitaria, aunque todavía subsisten susceptibilidades que impiden soluciones que garanticen un cumplimiento de los compromisos asumidos, de manera que la sombra de un paro del sector de salud todavía se cierne sobre el país. Se ha logrado la firma de un convenio entre el ministro de Salud; Jeyson Auza, y el presidente del Colegio Médico de Bolivia, Cleto Cáceres, con relación a los cambios en los artículos 17, 19 y 28 del proyecto de Ley, pero las medidas de presión solamente quedaron suspendidas momentáneamente.
Hay el compromiso de modificar artículo 17, que trata sobre regulación de precios en las clínicas privadas, para lo que se seguirá dialogando. El artículo 19 se modificará con el siguiente texto: «Durante el tiempo de vigencia de la declaratoria de emergencia sanitaria, no podrán ser interrumpidos los servicios del Sistema Nacional de Salud». En el caso del artículo 28, observado porque supuestamente habilitaba la contratación de médicos extranjeros, se modificará de la siguiente manera: «I. Ministerio de Salud y Deportes podrá abreviar plazos y simplificar requisitos y procedimientos para la contratación del personal profesional y técnico de salud, egresados y estudiantes de medicina y médicos jubilados quedando habilitado a contratar profesionales médicos que hubieran concluido sus estudios en Bolivia o el extranjero, siempre y cuando, no exista la disponibilidad de recursos humanos en el país». Los médicos no están muy convencidos con el acuerdo y hasta hablan de traición, pero por lo menos se está dialogando.
Este nuevo conflicto médico se origina en el proyecto Ley de Emergencia Sanitaria que coarta los derechos civiles de ese sector, y pretende autorizar la contratación de médicos del exterior, y hasta estudiantes de medicina. Frente a esa amenaza el sector de salud determinó un paro de actividades. Mientras tanto, la Cámara de Diputados aprobó en grande y en detalle la Ley de Emergencia Sanitaria, y el Consejo Médico Nacional resolvió ir a un paro nacional indefinido en rechazo a la norma porque atenta el derecho a la protesta y promueve la contratación de médicos extranjeros.
El artículo 19 del proyecto de ley observado por los médicos dice que «durante el tiempo de vigencia de la declaratoria de emergencia sanitaria, no podrán ser interrumpidos los servicios del sistema nacional de salud como consecuencia de paros, huelgas, protestas, jornadas académicas u otras análogas». Ambos artículos, en criterio del sector de salud atentan al derecho constitucional a la protesta y también desconoce la sentencia constitucional 0326-2019-S2 del 29 de mayo de 2019 que reconoce el derecho a la protesta, aunque prohíbe un paro indefinido. El presidente del Colegio Médico de La Paz Luis Larrea explicó que el Consejo Médico Nacional resolvió ir a un paro en todo el país en rechazo a esos dos artículos del proyecto de Ley de Emergencia Sanitaria, y por la falta de una estrategia gubernamental para enfrentar la segunda ola de coronavirus.
Por otro lado, la Federación de Trabajadores en Salud del Departamento de La Paz emitió un voto resolutivo, tras el XII ampliado de emergencia realizado de forma virtual, que protesta por la carencia de insumos médicos para la prevención y contención del Covid-19 y la falta de políticas para afrontar este problema; el incremento diario de afectados y decesos por la pandemia y la deficiente atención en la Caja Nacional de Salud.
El gobierno y la Asamblea Legislativa debieran reconocer que ha sido un error incluir esas medidas en contra de los médicos, que también afecta -por sus consecuencias- a la comunidad nacional. Ahora las autoridades están retrocediendo en sus intenciones mostrando que no analizan sanamente sus proyectos. Su decisión en la referida ley se presentó ante la opinión pública como una provocación abierta. Si simplemente ha sido un globo de ensayo para medir reacciones, pues se pinchó antes de inflarse, y ha dejado una sensación de que la actual administración está equivocando el camino en su afán de actuar contra quienes considera ajenos a su forma de pensar. En la aplicación de estas políticas de confrontación el gobierno va a encontrar mucha resistencia, porque ya hay otros sectores en emergencia que ven que hay una dirección destructiva en esas decisiones precipitadas. Es el caso de cerca de 50 organizaciones agrarias que alertaron sobre el desmantelamiento del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), y advirtieron del riesgo de fraccionamiento, apropiación y explotación de esos territorios. Algo parecido ocurre con el sector agropecuario que recibió amenazas de frenar sus exportaciones, o el sector financiero que está en riesgo por medidas precipitadas de las autoridades sobre el cumplimiento de obligaciones emergentes de los créditos.