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miércoles, septiembre 22, 2021
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Un solo poder no debe ni puede legislar, administrar y juzgar

Guido Pizarroso Durán (*)

La democracia en Latinoamérica se ha deteriorado por distorsiones en el ejercicio del poder que llegaron al avasallamiento del sistema judicial.

Se está debilitando la separación de poderes, y cada vez es más evidente la tendencia al absolutismo. En Bolivia se han visto nítidamente estas distorsiones que generaron una profunda crisis política.

Recordemos como los ex asambleístas del Legislativo se atribuyeron funciones ejecutivas, bloquearon al Gobierno transitorio, y frenaron los recursos económicos para enfrentar al coronavirus y la emergencia.

Ahora, es Perú que se encuentra en una situación complicada para la vida democrática y el respeto a la institucionalidad. El presidente Martín Vizcarra fue cesado en sus funciones por el Congreso peruano, que nombró Presidente a Manuel Merino Lama, otrora máxima autoridad del Legislativo.

Aunque las sucesiones presidenciales forman parte de la institucionalidad en ambos países, para llegar a esa situación se deben agotar las salidas establecidas por las constituciones y normas legales. La experiencia que viven dos países hermanos unidos por muchos vínculos, debe mover a una profunda reflexión en aras de la preservación del sistema democrático.

Los vínculos de Bolivia y Perú se han consolidado a lo largo de la historia porque ambos países reconocen una misma raíz ancestral. Los gobiernos de los últimos 40 años han dado un fuerte impulso a las relaciones bilaterales, estableciendo lazos cada vez más amplios de cooperación binacional. Existen factores culturales, sociales, económicos, geográficos e históricos que permiten alcanzar consensos sobre una infinidad de asuntos comunes, así como aprovechar los recursos naturales y las potencialidades de ambos países para beneficiarse mutuamente y lograr proyectos que unilateralmente serían más costosos y probablemente inviables. Con el gobierno de Martín Vizcarra se establecieron gabinetes ministeriales de ambos países que han permitido explorar una serie de alternativas en diferentes campos, para lo cual los gobiernos han suscrito 12 acuerdos y 92 compromisos bilaterales.

En el plano institucional, internamente cada país tiene sus particularidades y entre ellas, inestabilidad política que no ha podido ser superada.

En editorial, el diario El Comercio de Lima, se refiere al cambio de gobierno, y señala que «es evidente que la oportunidad en la que esta circunstancia se ha desarrollado es harto desafortunada. El país padece una de las pandemias más destructivas de su historia y, junto con ella, una crisis económica que amenaza con revertir muchos de los logros alcanzados por el país en los últimos años. Y a lo anterior se ha sumado la existencia de un Parlamento entregado al aplauso fácil y a la promoción de normas nítidamente populistas».

El poder legislativo peruano ya propició el cambio a tres primeros mandatarios.

La Presidente del Tribunal Constitucional del Perú, Marianella Ledesma se refirió al caso y afirmó «que es importante que todas las autoridades públicas tengan como uno de sus principios constitucionales rectores, la separación y balance de poderes».

Puntualizó que «en su esencia, la separación de poderes busca evitar su concentración en manos de una sola persona u órgano de gobierno. Un solo poder no puede legislar, administrar y juzgar. Dicha separación y balance entre poderes, asegura la preservación de las libertades. Debe conjugarse siempre la separación de poderes y la protección de libertades», señaló la magistrada.

Al presente ambos países tienen nuevos gobernantes, y sería oportuno que los presidentes Luis Arce y Manuel Merino, contemplen hacer realidad los proyectos que están pendientes. Por el momento, es necesario que el gobierno boliviano defina sus políticas nacionales para enfocar objetivos que están pendientes con Perú, y que son de vital importancia para nuestro país, como es el puerto franco cedido por Perú a Bolivia en Ilo, hace 30 años, y que los gobiernos de nuestro país no han sabido aprovechar. A su vez, el nuevo gobierno de Perú tiene que superar la crisis política actual que erosiona su institucionalidad, en momentos en que ya se preparan las elecciones generales para el 21 de abril del próximo año, en un ambiente complicado por diversos factores económicos, institucionales, políticos y de salud pública debido a la pandemia.

(*) Expresidente de la Asociación de Periodistas de La Paz

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