Una caravana de productores agrarios llegó este viernes ante el palacio de Justicia en Santa Cruz para reclamar que se autoricen transgénicos en sus cultivos.
La marcha de vehículos llevó a los agricultores desde zonas productoras de la región de Santa Cruz hasta la sede judicial en la capital departamental, para pedir que desoiga el pedido de distintas organizaciones contrarias a las semillas genéticamente modificadas.
«Biotecnología para Bolivia, carajo» y «Los agricultores tenemos derecho a progresar» fueron algunos lemas de los carteles que mostraron en una concentración ante el palacio de Justicia, entre banderas de Bolivia y Santa Cruz y alguna bengala.
La acción popular presentada ante la Justicia por «algunos malos activistas y ambientalistas» puede arruinar al sector, advirtió el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente, Reinaldo Díaz.
La región oriental de Santa Cruz es la principal productora agropecuaria de Bolivia, donde organizaciones como esta reclaman desde hace años la autorización de transgénicos para competir en igualdad con países vecinos que hace tiempo que los usan.
Díaz declaró a EFE que quienes acudieron a la Justicia no dicen su trasfondo ni cómo se financian, mientras se atribuyen la representación de campesinos e indígenas.
«Eso es mentira», aseveró, pues en la protestaba había pequeños agricultores con explotaciones familiares, que buscan con la biotecnología aumentar la productividad de cultivos como la soya o el maíz.
Sin estos avances, «vamos a fracasar», lamentó, por lo que pidió al tribunal que atienda a criterios técnicos sin dejarse llevar por «estos malos activistas, que vienen a tratar de imponer un modelo que ha fracaso en el mundo».
La acción popular interpuesta por activistas en defensa de pueblos indígenas y de organizaciones civiles advierte de que una autorización de este tipo de semillas vulneraría la Constitución, en contra del patrimonio genético y natural de Bolivia, además de perjudicar la salud humana.
La medida fue adoptada en julio pasado después de que un decreto de la presidenta Jeanine Áñez autorizara «de manera excepcional» y con «procedimientos abreviados» que se investigue en maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya genéticamente modificados, tanto para el consumo interno como para exportación.
Asociaciones de productores defienden que Bolivia puede triplicar su producción anual de grano hasta unos doce millones de toneladas, con un impacto económico de cerca de 2.800 millones de dólares y la generación de alrededor de 300.000 empleos directos e indirectos.
Grupos ecologistas, sociales, de consumidores y colegios profesionales, entre otros, advierten de que el decreto presidencial no respeta varias leyes del país, empezando por la Constitución, que prohíbe los transgénicos que «dañen la salud y el medio ambiente».