El pulso que mantienen el Parlamento, con mayoría del Movimiento al Socialismo (MAS), y el Gobierno de Jeanine Áñez tiene un nuevo elemento de choque en la regulación del estado de excepción en el país.
El MAS defiende la necesidad de que policías y militares se ciñan a la Constitución y respondan por sus actos incluso cuando derechos básicos queden limitados, mientras el Ejecutivo provisional denuncia un intento de quitarle funciones en beneficio de la Asamblea Legislativa.
El Parlamento tramita una ley impulsada por el partido de Evo Morales, con el trasfondo en el país de la grave crisis del año pasado que dejó al menos 36 fallecidos en actos violentos, el último de ellos conocido este mismo lunes en una de las calificadas por distintas instancias como «masacres» de las que culpan a fuerzas del orden.
La postura del partido de Morales
El proyecto de ley pretende que «ningún Gobierno pueda disponer de la Policía y de las Fuerzas Armadas el rato que le dé la gana», advirtió el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, del MAS.
Choque declaró en La Paz que el objetivo es que no se pueda «disponer alegremente de la Policía y de las Fuerzas Armadas como lo ha hecho este Gobierno transitorio».
La Defensoría del Pueblo comunicó este lunes el fallecimiento de «la décima víctima de la denominada masacre de Sacaba, donde se produjeron muertos y heridos tras la intervención conjunta de fuerzas militares y policiales» en noviembre pasado.
Aquel mes fue el más trágico durante la convulsión que sufrió el país tras los fallidos comicios de octubre, con denuncias de entidades pro derechos humanos de Bolivia e internacionales sobre la intervención de fuerzas armadas, que el Gobierno interino defiende mientras el MAS denuncia que la investigación judicial está parada.
«No existen avances en la investigación que permitan identificar a los responsables», advirtió también en un comunicado la Defensoría.
El Gobierno rechaza el proyecto de ley
El Ejecutivo transitorio, por su parte, considera inconstitucional el proyecto, que atribuye a una intención política para sancionar a la Policía y las Fuerzas Armadas si no respetan derechos fundamentales al intervenir en conflictos sociales.
«Les aseguro que si el MAS intenta desestabilizar este Gobierno constitucional, las Fuerzas Armadas y la Policía van a salir a las calles a poner orden sin necesidad de declarar un estado de excepción, como ya se lo hizo en noviembre», ha aseverado el ministro de Justicia, Álvaro Coimbra.
El proyecto se fundamenta en un artículo de la Constitución que señala que el estado de excepción debe estar regulado por ley, ante amenazas externas, convulsiones interinas y desastres naturales que requieran medidas extremas, siempre preservando derechos fundamentales.
La norma cuyo debate está previsto que prosigan este próximo miércoles los legisladores prevé un máximo de sesenta días del estado de excepción, improrrogables salvo autorización parlamentaria, con multas como única sanción para quienes lo incumplan.
Aunque es el jefe de Estado quien puede declararlo por decreto, quedaría sujeto a la aprobación por mayoría absoluta del Parlamento.
Varios apartados aluden al empleo de armas de fuego y a la responsabilidad de militares y policías, cuestionada en la crisis del año pasado después que fueran eximidos penalmente por un decreto de Áñez, luego derogado entre denuncias de haber disparado mortalmente a civiles, que su Gobierno rechaza.