La situación de la justicia no solo preocupa a los bolivianos en general, sino a la comunidad internacional que en diversas oportunidades ha observado los desvíos que se han producido, y seguramente los recurrentes escándalos judiciales hacen que se vea al país con inquietud y asombro. En varias oportunidades se ha enviado ayuda para lograr una efectiva reforma judicial, que por los problemas internos, hasta ahora siempre ha fracasado. Se ha confirmado la llegada para mañana, martes, del relator especial de Naciones Unidas sobre Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García-Sayán, quien cumplirá una agenda intensa con reuniones en las que serán incluidos todos los sectores sociales, políticos, institucionales, académicos y naturalmente con el gobierno. El funcionario de la ONU estará en Bolivia entre el 15 y 22 de febrero. Ojalá esta sea una oportunidad para que de una vez se logre sentar las bases para cambiar la actual situación.
Diego García-Sayán, a tiempo de confirmar su visita al país, emitió un comunicado en el que expresó su voluntad de contribuir a un cambio en el sistema judicial. Pero seguramente analizará otras situaciones vinculadas al respeto a la ley, ya que en una anterior oportunidad, se había pronunciado señalando que «son preocupantes los actos que vienen afectando la integridad de los tribunales electorales en Bolivia»… «Esto es grave para el Estado de Derecho. Sigo con atención acciones que podrían socavar la esencial independencia de estos órganos judiciales», decía García-Sayán en 2020. En esta nueva oportunidad expresó que el objetivo de su visita «es examinar, en un espíritu de cooperación y diálogo, la situación de la justicia en Bolivia, y poder contribuir a los esfuerzos de reforma en curso en el país». Durante su visita, el funcionario internacional se reunirá con representantes del Gobierno y autoridades legislativas, así como con jueces, fiscales y abogados. También se reunirá con representantes de la sociedad civil, delegados de universidades e instituciones académicas, y la comunidad diplomática. «Tengo la intención de establecer un diálogo constructivo con todas las partes interesadas en fortalecer la administración de justicia en Bolivia», señaló en el comunicado.
Anteriormente, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) que efectuó una investigación en Bolivia sobre los acontecimientos políticos, consideró en su informe que «la falta de independencia de la administración de justicia cobra una dimensión más amplia en el ámbito penal, lo cual quedó en evidencia durante el periodo relativo a este informe». Observó problemas en la Fiscalía, el Poder Judicial y la debida diligencia. «La evaluación de los expedientes de investigación y de los procesos judiciales relativos a dicha vigencia demostró falencias graves en las actividades de los órganos del sistema de justicia vinculadas a la falta de independencia de la Fiscalía y del Poder Judicial. Se observó una vulneración del debido proceso legal y de la debida diligencia en la investigación, la naturalización de la detención preventiva como medida ordinaria, y las deficiencias en la actividad investigativa», dice el documento.
El GIEI destacó que la falta de independencia y el uso de la persecución penal con finalidades políticas no son coyunturales a la crisis electoral de 2019. «El GIEI revisó información que indica la existencia de precedentes de persecución política en periodos anteriores, y que esa práctica persiste en la actualidad», señala el informe. Una tendencia que se observó en los expedientes investigativos y judiciales iniciados entre septiembre y diciembre de 2019 fue el uso frecuente de las figuras penales de «sedición y terrorismo» para promover la persecución penal de personas participantes en la movilización social y de líderes de oposición.
La apertura de investigaciones fiscales y procesos judiciales bajo estos tipos penales vino en muchos casos, precedida o acompañada de expresiones públicas de autoridades para que se llevaran a cabo las detenciones y la apertura de procesos. Así, entre otros, el 14 de noviembre de 2019, el entonces ministro de Gobierno anunció una «cacería» contra dirigentes del gobierno saliente y contra quienes participaran en manifestaciones y «actos de sedición», recuerda el informe, que además recomendó una urgente reforma judicial. La OEA y la Unión Europea también recomendaron lo mismo. La necesidad de una reforma del sistema judicial en Bolivia no puede esperar más tiempo. Se necesita unir todos los esfuerzos y lograr la más amplia participación, especialmente de las universidades y de los propios juristas, y colegios de abogados de manera que se logre un proceso apegado a la ley, a la Constitución Política del Estado que legitimen la nueva reestructuración del sistema judicial.